| 4/9/2018 3:29:00 PM

La recomendación de la Ocde que el Minhacienda no aprueba

Una de la buenas prácticas de la Ocde es la creación de una Oficina técnica que asesora al Congreso en temas presupuestales y de política fiscal. En Colombia, el proyecto de Ley tiene objeciones por parte del Ministerio de Hacienda.

Esta semana será el segundo debate y votación en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para el proyecto de Ley que propone la creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (Oatp) en el Congreso.

El documento, que tiene ponencia positiva para votación, tiene como vocero al representante Rodrigo Lara Restrepo y entre los ponentes figuran otros nombres conocidos como Angélica Lozano y Germán Navas Talero. Además, contó con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Pnud de la ONU.

La creación de la Oatp para la Cámara de Representantes busca darle al Congreso mayores herramientas e insumos para elaborar y aprobar las iniciativas que presenten los mismos parlamentarios o el Ejecutivo en temas económicos.

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Además, señaló Rodrigo Lara durante la presentación del proyecto, la Constitución Política de 1991 estableció que el Presupuesto General de la Nación debe plantearlo cada año el Ejecutivo, pero la Cámara de Representantes debe tener las herramientas necesarias para hacer sugerencias y ajustes al proyecto antes que este finalmente se apruebe.

El representante agregó que el proyecto “no es un sustituto de las Comisiones Económicas, sino un apoyo técnico, no operará de manera autónoma y cuyo único objetivo es producir información técnica sobre el presupuesto y su ejecución nacional y territorial”.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda tiene varios argumentos contra el proyecto de ley. Uno de ellos es el costo que tendría la implementación de la Oatp, costo que según Hernando José Gómez, uno de los asesores del proyecto, es marginal si se le compara con los ahorros o eficiencias en el gasto público que podrían obtenerse una vez la Cámara de Representantes efectúe un adecuado control político.

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En una carta enviada al representante Carlos Arturo Correa, presidente de la Comisión Primera, la viceministra general de Hacienda, Paula Acosta, explicó que “la Oatp representaría erogaciones adicionales para la Nación del orden de $1.666 millones en su primer año de aplicación y $1.495 millones a partir del segundo año y en total, en una legislatura la Oatp costaría $6.151 millones, tal como lo explican en el siguiente cuadro:

Fuente: Carta del Ministerio de Hacienda enviada a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes

El otro argumento del Ministerio de Hacienda es que el Congreso ya cuenta con asesoría técnica necesaria para aprobar los proyectos presupuestales que el Ejecutivo presenta. Dicha asesoría proviene del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Dirección de Presupuesto del mismo Ministerio de Hacienda.

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Al respecto, el representante Germán Navas Talero apuntaba durante el debate que “al ministro de Hacienda nunca le ha interesado que nosotros metamos la mano en el presupuesto nacional. Estamos pidiendo a alguien técnico que nos dé suficiente ilustración sobre el presupuesto, nunca nos han permitido opinar y votamos a ciegas”.

Otra observación del Minhacienda es que, si se crea finalmente la Oatp, su director no debe ser elegido por la misma Cámara de Representantes sino mediante el Sistema Público de Empleo.

Pero la propuesta que se presentó ante dicha Cámara propone que la Universidad Nacional genere un concurso por meritocracia, del cual se derivará una terna para que la mesa directiva de la Cámara de Representantes elija de allí a un director que ocupará el cargo por períodos de cuatro años, eliminando así la posibilidad de clientelismo.

La Oficina también tendría una Subdirección de Análisis Fiscal que apoyaría la función de control político a las ejecuciones presupuestales y cumplimiento de las metas como la Regla Fiscal por parte del Gobierno.

Aunque no es una recomendación directa que la Ocde le haya hecho a Colombia para permitir su ingreso, sí se trata de una característica que tienen, si no todos, la gran mayoría de países que ya pertenecen al “club de las buenas prácticas”, como le llama el mismo ministro que se opone a su aprobación.

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