A la Corte Suprema de Justicia fueron compulsadas las copias con pruebas de la Fiscalía contra los congresistas Armando Benedetti, Mussa Besaile, Antonio Guerra de la Espriella, Bernardo Miguel “Ñoño” Elías, Álvaro Ashton, Sandra Villadiego, Martín Morales, Ape Cuello y Plinio Olano por recibir sobornos de Odebrecht.

De acuerdo con la Fiscalía los senadores Armando Benedetti, Mussa Besaile, Bernardo Miguel “Ñoño” Elías y Antonio Guerra de la Espriella conformaban el “Grupo Buldozer”, cuya misión fue presionar la aprobación de un contrato de estabilidad jurídica para la Concesionaria Ruta del Sol antes del 31 de diciembre del 2012.

El “Grupo Buldozer” presionó la aprobación de dicho contrato utilizando sus votos para la reforma tributaria de ese mismo año y a cambio recibieron una comisión de éxito y gestión de US$2.000 millones, mientras que a los gestores de dichas actividades (Otto Bula y Federico Gaviria) se les pagaron US$500 millones.

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La Fiscalía resaltó que entre las pruebas enviadas a la Corte Suprema por esta parte del caso Odebrecht, se cuentan los estados contables de la empresa panameña que recibió el pago de US$3.000 millones de la constructora brasilera y las copias de los cheques “de marzo de 2013 que permitieron monetizar en Colombia las partidas correspondientes, los que fueron cambiados en efectivo para cancelar las ‘coimas’ respectivas”.  

Por otra parte está el caso de la adición al contrato de la vía Ocaña-Gamarra, en el cual según la Fiscalía, Odebrecht recibió ayuda del mismo ministro de Transporte del momento: Miguel Peñaloza.

Según el ente investigador, por este contrato la constructora habría pagado $50.000 millones ya que acordó el pago de una comisión de éxito del 4% sobre el mismo contrato, que tenía a su vez un valor de $1,6 billones, y debía pagarla entre 2013 y 2015 con una tasa de interés real anual de 11%.

Es decir que la constructora brasilera debía pagar un total de $80.000 millones como comisión de éxito, de los cuales realmente alcanzó a pagar $50.000 millones.

La Fiscalía agregó que las nuevas pruebas además señalan la “coadyuvancia del entonces ministro de Transporte, Miguel Peñaloza Barrientos” durante la parte inicial de las gestiones para obtener la adición en el contrato.

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“Los elementos recaudados dan cuenta que el ministro Miguel Peñaloza se habría encargado de promover este proyecto de infraestructura, inicialmente radicado en el Fondo de Adaptación, para que quedara asignado en la ANI, lo que facilitaba su ejecución mediante el mecanismo de adición al contrato Ruta del Sol – Tramo II. Al retiro del gobierno del ministro Peñaloza el proyecto empezó a ‘coger una velocidad muy lenta’, advirtió la entidad.

Y dado que con la salida de Peñaloza del Ministerio de Transporte se empezó a dilatar el trámite para obtener la adición en el contrato, el entonces senador Otto Bula decidió ampliar el “Grupo Buldozer” para que este contribuyera también en dicho proceso.

De acuerdo con Bula, al “Grupo Buldozer” se unió Álvaro Ashton y dentro del proceso se mencionan ahora también los congresistas Sandra Villadiego, Martín Morales y Ape Cuello, quienes también serán investigados ahora por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte el exministro Peñaloza tendrá que ser investigado por la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General.

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