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| 7/2/2019 3:14:00 PM

Ley de regiones dará vía libre a las APP en obras de desarrollo

A partir de la próxima vigencia fiscal el Gobierno podrá asignar una partida en las leyes anuales de presupuesto general de la Nación, con el objeto de cofinanciar los proyectos de inversión con impacto regional.

Las alianzas público-privadas (APP) tendrán ahora más participación dentro de las obras de desarrollo regional que quieran adelantar gobernadores y alcaldes en el país. El espacio para ponerlas en marcha lo acaba de dejar abierto la Ley 1962 o Ley de Regiones, sancionada el pasado viernes 28 de junio por el presidente Iván Duque.

Esta ley pretende que las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) -constituidas por las entidades territoriales para impulsar su progreso- puedan ejecutar proyectos estratégicos con el concurso del sector privado.

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De esa forma se podrán atacar dos fenómenos que históricamente han afectado a las regiones y les ha impedido sacar adelante grandes obras: por un lado, la crisis de la gerencia pública y por el otro, la corrupción.

La nueva Ley, según destacó el propio presidente Duque, les permitiría contar con mejores recursos técnicos y financieros a las regiones. Además, la aplicación de las nuevas sinergias entre los sectores público y privado, en beneficio del desarrollo regional, se haría más expedita en la medida en que la Ley de Regiones, considerada por sus impulsores como un gran avance en el proceso de descentralización, permite a las entidades territoriales gestionar recursos de cofinanciación en todos los niveles de gobierno e incluso en el ámbito de la cooperación internacional.

Para Carlos Camargo Assis, director de la Federación Nacional de Departamentos, la nueva legislación representa un impulso histórico en el progreso de los territorios. “Colombia avanza hacia el desarrollo con enfoque regional”, dijo Camargo.

La ley de Regiones dispone que a partir de la próxima vigencia fiscal el Gobierno pueda asignar una partida en las leyes anuales de presupuesto general de la Nación, con el objeto de cofinanciar los proyectos de inversión con impacto regional.

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El concurso de las APP en la iniciación y conclusión de proyectos puede resultar fundamental en la medida en que en las últimas dos vigencias han venido siendo contratados proyectos por $5 billones correspondientes al Sistema General de Regalías, recursos que constitucionalmente son de propiedad de los departamentos.

Por decisión de la nueva Ley, los proyectos tendrán ahora un enfoque diferencial en comunidades étnicas como las afrocolombianas, raizales y palenqueras y las RAP podrán contar con la asesoría permanente de comités integrados por el sector privado, la academia, organizaciones sociales diversas, el Instituto Agustín Codazzi, el Ministerio de Hacienda y los Consejos Territoriales de Planeación.

El articulado también faculta a las RAP para presentar proyectos de impacto ante el Gobierno Nacional, cooperación internacional y Organizaciones de Estados de Cooperación Multilateral. Fernando Flórez, director de la Región Central, Rape, asegura que “tenemos por primera vez un hecho concreto que impulsa la planeación y la organización de los territorios a partir de una visión regional, para la ejecución de recursos públicos en el corto, mediano y largo plazo, como lo ha venido desarrollando la Rape Central, como entidad pionera en estos esquemas de asociatividad en el país”.

Los resultados de alianzas territoriales y de estas con el sector privado para la constitución de APP serán claves de aquí a fin de año, cuando entrará en vigor la Misión de Descentralización -creada por la misma Ley- para replantear, vía reformas constitucionales y legales impulsadas ante el Congreso, nuevas reglas del juego para la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

Para salvaguardar los recursos y verificar que sean las comunidades las que realmente se benefician de estas obras, de forma paralela la Contraloría General de la República acaba de revelar que tiene puesto su ojo avizor en la ejecución de obras vitales de infraestructura para el país por $4,86 billones.

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Entre los proyectos que el órgano de control denominó “complicados” se encuentran obras tales como la construcción, ampliación de capacidad y mejoramiento en general de los aeropuertos de Providencia, Leticia, Pasto, Armenia y Popayán por cerca de $566.000 millones.

El debate sobre la que los expertos llaman nueva era de la descentralización ya está abierto. De hecho, el próximo 10 de julio se reunirán en un foro internacional, convocado por la FND en Barranquilla, varios constituyentes de 1991, representantes de los órganos de control, de las cortes de justicia, de los gobiernos nacional y territorial y de la academia para mirar en perspectiva el avance hacia la mayor autonomía que reclaman las regiones.

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