| 4/17/2018 11:00:00 AM

Así debería reducirse el gasto público en Colombia

Este martes se reveló el informe completo que la Comisión de Estudio de Eficiencia del Gasto Público y la Inversión le entregaron al Gobierno en enero de este año y estas son sus principales recomendaciones.

Durante un acto público en el Ministerio de Hacienda, los expertos que conformaron la Comisión de Estudio de Eficiencia del Gasto Público y la Inversión presentaron junto con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el informe final del que durante cuatro meses exactos se conoció apenas un resumen ejecutivo.

En dicho resumen, la comisión advertía que “el gasto público como proporción del PIB aumentó de manera significativa en los últimos 25 años. Este incremento se evidencia de manera particular en el gasto del Gobierno Nacional Central. Éste aumentó fuertemente en la década de los años 90, de 8.5% del PIB en 1989 a niveles del orden de 17.2% del PIB en 2002”.

Y añadió que “en los últimos 15 años, el gasto del GNC ha mostrado un aumento más moderado, de alrededor de 2 puntos del PIB, situándose en 2016 en 18.9% del PIB, nivel que incluye el gasto en salud, ICBF y Sena que antes de 2013 se financiaba con contribuciones a la nómina”.

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Para reducir dicho gasto como porcentaje del PIB y hacer más eficiente el gasto que se mantenga, el grupo de expertos recomendó una serie de reformas en el Sistema General de Regalías, el Sistema Pensional, el Sistema de Salud, la educación, los subsidios y el funcionamiento del Estado.

Estas son las reformas de la Comisión del Gasto, que heredará el próximo gobierno:

Pensiones:

La comisión advirtió que “el régimen pensional y el sistema general de protección económica a la vejez en Colombia necesitan una reforma importante”, con dos objetivos principales.

El primer objetivo de la reforma pensional debe ser aumentar la cobertura, haciendo énfasis en la población que no alcanza las condiciones para obtener una jubilación. El segundo objetivo tendrá que ser “moderar la magnitud del gasto público en pensiones y corregir la regresividad que actualmente afecta la distribución del ingreso”.

Además, la comisión advirtió que la reforma debe ajustar los parámetros del sistema pensional, tanto en el Régimen de Prima Media y el de Ahorro Individual con Solidaridad; hacer complementarios ambos pilares; racionalizar los regímenes especiales, como el de maestros y militares; ampliar el alcance de los BEPS y Colombia Mayor; avanzar en la formalización laboral y “racionalizar y unificar la jurisprudencia sobre los temas relacionados con el régimen pensional”.

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Salud:

En este aspecto los expertos realizaron varias recomendaciones que incluyen eliminar gradualmente la obligación de contratar con las IPS públicas el 60% de la contratación de las EPS del régimen subsidiado y, en su lugar, “establecer un subsidio transparente a la oferta, dirigido sólo a las IPS en zonas remotas o en poblaciones de baja densidad”.

Además, tendría que hacerse una revisión a la Ley Estatutaria para que al aprobar los medicamentos y procedimientos, el sistema evalúe adecuadamente los beneficios frente a los costos de los mismos; revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC); continuar el avance de la eliminación del sistema de recobros por medicamentos y servicios no POS.

La comisión añadió que “debe aclararse y reconocerse la magnitud de las deudas legítimas entre los actores del sistema” y, una vez aplicados los filtros para eliminar las obligaciones “ilegítimas”, las entidades públicas tendrán que pagarle a las EPS tan pronto como puedan sus pasivos.

Educación:

De acuerdo con los expertos, la financiación del gasto para programas de Educación Integral y Primera Infancia deben garantizarse con cargo al Presupuesto General de la Nación, de modo que su financiación no sea volátil y se garantice la calidad y cobertura.

En educación básica y media, la comisión recomendó que el sistema sea por capitación por niño, lo que necesitaría mayor flexibilidad en la gestión de la nómina, así como generar recursos más flexibles “de manera directa a los colegios y dotar a los rectores de mayor autonomía en su manejo, bajo reglas y condiciones definidas de rendición de cuentas sobre sus resultados”.

Para la educación superior, la comisión sugirió que se revise el criterio con el que se asignan los incrementos presupuestales a las universidades públicas para que se tenga en cuenta el número de estudiantes, eficiencia y calidad de la institución.

Para el programa “Ser Pilo Paga”, la comisión destacó que es “necesario revisar la cobertura del costo de la matrícula del programa, que en la actualidad es del 100%, y adoptar un esquema de matrícula de referencia”. Además, deberían estudiarse alternativas para que los estudiantes que recibieron subsidios los retornen de algún modo al país una vez ejerzan como profesionales.

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Regalías:

La comisión sugirió que el Sistema General de Regalías pase por una nueva reforma que incluya reducir los fondos extrapresupuestarios, evaluar las in flexibilidades de las rentas de destinación específica y eliminar las innecesarias, reducir la fragmentación del proceso presupuestal y “unificar el proceso presupuestal de funcionamiento e inversión en una sola entidad”.

Funcionamiento del Estado:

En este punto los expertos señalaron que es necesario consolidar la carrera de ascenso según los resultados e idoneidades de los empleados públicos, mejorar el sistema de contratación y eliminar lo que se conoce como la “nómina paralela”, reconociendo que los servidores públicos necesitan otro tipo de contratos.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, reconoció que “tenemos un presupuesto bastante inflexible”.

El presidente agregó que, en el caso de los recursos, es necesario saber si los recursos que se destinan a este rubro son suficientes o altos y si están o no bien focalizados.

Por su parte Leonardo Villar, quien hizo parte de la Comisión del Gasto, señaló que la reducción del gasto público debe hacerse en el sentido de la eficiencia del mismo, ya que se otra forma la contracción del gasto en tal magnitud podría afectar seriamente el crecimiento del país.

Villar añadió que otra recomendación es crear un comité consultivo presupuestal, que no reemplace las funciones ni del ejecutivo ni del legislativo pero que sí les permita a ambos tomar las mejores decisiones posibles.

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