La infraestructura carcelaria ahora es un asunto privado

El sector privado será clave en la construcción de nuevas cárceles, Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana. Así lo manifestó la Ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa, quien invitó al sector privado para aliarse con el Estado en el objetivo de mejorar el acceso a la justicia y descongestionar las cárceles.

Actualmente, la construcción de estas obras de infraestructura con fines sociales está a cargo en su totalidad de los recursos del Gobierno. “De esta forma le abrimos nuevos espacios de inversión a la empresa privada y generamos además nuevas oportunidades de trabajo”, indicó la alta funcionaria.

La Ministra señaló, igualmente, que la justicia también es un factor de desarrollo y de impulso a la economía del país, en la medida que invierte millonarios recursos velando por el bienestar de la población.

En este momento existen 83 Casas de Justicia que el Gobierno Nacional ha puesto a disposición de los ciudadanos, 28 Centros de Convivencia y 142 cárceles, pero en estas últimas se necesita ampliar en 25.000 cupos su capacidad. Además, se construirán 8 megacárceles que para el sistema carcelario 26.000 nuevos cupos.

"El Ministerio de Justicia y el Inpec celebraron un convenio con la Corporación Andina de Fomento (CAF), en su calidad de asesor financiero, con el objeto de estructurar la construcción de seis a ocho establecimientos de reclusión del orden nacional, mediante el modelo de Asociación Público Privada”, indicó la alta funcionaria.

La Ministra Correa anunció que la CAF está realizando las convocatorias para la contratación de las empresas que elaborarán los diseños del anteproyecto arquitectónico y de la ingeniería básica.

Además, reveló que a finales de este año se abrirá la licitación para adjudicar a través del modelo de Asociación Público Privada el contrato para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las primeras megacárceles que estarán ubicadas en Cauca, Atlántico y Meta.

“Al permitirse la participación de los particulares en servicios que tradicionalmente estaban a cargo del Estado surge una competencia económica que obliga nos obliga, como entidades estatales, a replantear los esquemas de operación a través de mejores prácticas y al mejor aprovechamiento de los recursos públicos", indicó la Ministra Correa durante la clausura de la Tercera Cumbre Andina de Infraestructura que tuvo lugar en Bogotá.