| 3/29/2014 5:00:00 AM

Restitución de tierras va en un 35%

El Congreso otorgó 10 años para la ejecución de la política de tierras y a escasos dos años 35% de las solicitudes están en ejecución.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, sostuvo que al aprobar la Ley 1448 de 2011, el Congreso otorgó un plazo de 10 años para la ejecución de esa política.

Añadió que en tan solo dos años de ejecución, el 35% de las solicitudes en este tema están siendo atendidas por las instituciones creadas única y exclusivamente para la implementación de la política de restitución de tierras.

Gracias a este esfuerzo, expresó Sabogal, 1.573 personas han visto materializado su derecho a la restitución en un total de 877 predios.

Estas cifras demuestran el alto grado de eficacia de la política, ya que tras dos años de implementación se han logrado resultados que superan ampliamente los obtenidos por iniciativas similares, dijo.

Así, por ejemplo, la Ley 975 de Justicia y Paz después de 9 años de implementación ha logrado restituir 22 predios, o la Ley de Extinción de Dominio tras 12 años ha logrado decidir sobre la propiedad de 731 predios.

Vale la pena destacar que la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios establecen que la implementación de la política de Restitución será gradual y progresiva, atendiendo a criterios de seguridad, densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno.

En virtud de las mencionadas disposiciones, explicó Ricardo Sabogal, la Unidad de Restitución de Tierras inicia el análisis de las reclamaciones solo hasta que se han verificado dichas condiciones por las autoridades competentes y se han definido zonas de implementación.

El objetivo del Gobierno Nacional es recuperar las tierras que les fueron despojadas a las víctimas del conflicto, reestableciendo la justicia y el imperio de la ley.

Sugerir una compensación monetaria a los reclamantes de restitución cuyos predios se encuentran por fuera de estas zonas, no solo dejaría la tierra en manos de los despojadores, sino que todos los horrores por medio de los cuales se materializó el despojo también quedarían en la impunidad.

Además, al compensar sin un proceso previo, se correría el riesgo de hacerlo a quien no tiene derecho o soslayando garantías al debido proceso de los intervinientes, advirtió el director de la Unidad de Restitución de Tierras.

“Conscientes de la legitimidad que genera la participación de la población civil en los procesos de construcción y análisis de esta política pública, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Gobierno Nacional valoran y estimulan el ejercicio del derecho a la participación de la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales en dichos procesos, explicó”.

Sin embargo, esta entidad rechaza enfáticamente la opción de las vías de hecho para procurar cualquier resultado.

Esas medidas no solo ponen en riesgo la seguridad de los involucrados en los procesos de restitución de tierras, sino que devuelven a las comunidades a épocas pasadas en las que la propiedad sobre la tierra se definía por la fuerza del poder ilegal de turno y no por la del imperio de la razón y la ley, objetivo último de la restitución.

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