| 1/14/2018 12:01:00 AM

Fedesarrollo: sin reformas estructurales, déficit fiscal subirá a 3,9% en 2019

La entidad advirtió que “Los esfuerzos y las decisiones por parte del próximo gobierno para llevar a cabo reformas estructurales serán imperativos para mantener la credibilidad en la política fiscal”.

De acuerdo con Fedesarrollo “las preocupaciones de los analistas frente a la política fiscal, que se ubica dentro de los factores más relevantes a la hora de invertir en la Encuesta de Opinión Financiera (EOF), y de la calificadora de riesgos están correctamente fundamentadas”.

La entidad explicó que sin una nueva reforma tributaria que incremente el recaudo, así como otro tipo de reformas estructurales que disminuyan el gasto del Gobierno, que por ahora es altamente inflexible, el déficit fiscal del país se ubicaría en entre 3,9% y 4,1% entre 2019 y 2021.

Dicho resultado es altamente superior a las estimaciones del Gobierno, según las cuales el déficit fiscal del país debe disminuir hasta 3,1% en 2018, 2,2% en 2019 y caer hasta 1,3% en el 2021. Es decir, que la meta del Ministerio de Hacienda se superaría en 1,7 puntos porcentuales para 2019 y en 2,8 puntos porcentuales en 2021.

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Las razones siguen siendo los mismos motivos de debate macro de los últimos años: el inflexible gasto del Gobierno y unos ingresos inferiores a los necesarios para cumplir con todas las obligaciones y metas impuestas.

Por un lado, la última reforma tributaria no generó los ingresos estimados para el 2017 gracias a factores como un crecimiento económico menor al esperado, algo que sin embargo fue compensado por ingresos adicionales provenientes de mayores rendimientos financieros de las empresas estatales y el pago del laudo arbitral contra Claro y Telefónica.

Estos factores, que le permitieron al Gobierno cumplir con la meta de déficit fiscal de 3,6% incluida una reserva de $3,6 billones para futuras “emergencias”, ya no estarían disponibles en el 2019 según Fedesarrollo.

El cálculo de la entidad es que en el 2018 nuevamente los ingresos por recaudo tributario serían inferiores a lo que espera el Gobierno por cuenta de una recuperación económica más lenta de la esperada, lo que obligaría a utilizar la reserva de $3,2 billones que dejó el laudo arbitral y así se cumpliría la meta de déficit fiscal de 3,1% permitido por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal.

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Ya para el 2019, sin mayores modificaciones en el gasto público y el mismo régimen tributario, además desaparecen los ingresos de la tasa y sobretasa al impuesto de renta, lo que llevaría el recaudo desde 6,3% del PIB en 2016 a 5,7% en 2021.

Fedesarrollo destacó que sus cálculos “no contemplan posibles ganancias por gestión y formalización dado que, si bien pueden existir en algún grado, su magnitud es demasiado incierta para ser incorporada en la proyección”.

Y añadió que “frente a la renta petrolera, a partir de nuestros propios supuestos de precios y producción de hidrocarburos estimamos que representaría alrededor de 0,3% del PIB entre 2018 y 2020 y aumentarían levemente a 0,4% en 2021”.

Por el otro lado está el inflexible gasto del Gobierno. Fedesarrollo estima que este permanecería estable alrededor del actual 14,2% del PIB, a lo que debe sumarse que “más de un 26% de los gastos de funcionamiento corresponden a las transferencias del Sistema General de Participaciones, que representan un 3,6% del PIB”.

Y el crecimiento del Sistema General de Participaciones está determinado por la Constitución Política, que además destacó Fedesarrollo que “a partir de 2018 deberá ser igual al crecimiento promedio de los ingresos corrientes de la Nación de los últimos cuatro años”.

“Otra porción muy grande de esos gastos de funcionamiento corresponde a los pagos de pensiones, que podrían acercarse a 3,9% del PIB en 2017 y 2018, esto es, a cerca del 28% de los gastos de funcionamiento”, añadió la entidad y explicó que la reducción de dichos gastos por lo menos en un futuro cercano será muy difícil si el próximo gobierno no aplica las reformas estructurales necesarias.

El Gobierno ya tiene en sus manos las recomendaciones de la Comisión del Gasto Público, pero por ahora parece que ya será la próxima administración la que decida qué tanto se ciñe a dichas recomendaciones o si, tal como pasó con la reforma tributaria, apenas se acogen algunos de los puntos.

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