| 9/11/2014 7:00:00 AM

Consecuencias de un presupuesto 2015 desfinanciado

Dinero consultó a dirigentes gremiales de Colombia para conocer su percepción sobre Presupuesto General de la Nación 2015 y las implicaciones del faltante de $12,5 billones.

Tras la aprobación del monto del Presupuesto General de la Nación para el año 2015 de $216,1 billones por parte de las comisiones económicas del Congreso de la República, muchos puntos de vista se han encontrado frente a la necesidad de financiar los $12,5 billones faltantes para la etapa del posconflicto.

En el marco del debate, el Gobierno decidió mantener la base gravable sobre los patrimonios de $1.000 millones y no sobre los $700 millones como inicialmente se tenía contemplado en la nueva propuesta.

En consecuencia, Dinero consultó a tres dirigentes gremiales para conocer sus puntos de vista sobre los riesgos de un Presupuesto desfinanciado para el año 2015, la incertidumbre sobre la financiación para los años 2016, 2017 y 2018, y los costos que podrían generar sobre los consumidores colombianos.

Para Javier Díaz, presidente de la Asociación de Comercio Exterior (Analdex), el riesgo más grande pesa sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) que podría considerarse amenazada por los mecanismos empleados por el Ejecutivo para conseguir los recursos faltantes ($12,5 billones) con los que podría financiarse el posconflicto, en caso de darse un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

"Lo que más nos preocupa es el tema de patrimonio porque castiga la inversión, y si Colombia quiere vincularse a las cadenas de valor del mundo, tiene que garantizar que estas puedan instalarse en el país con la llegada de más empresas internacionales y se queden, sin embargo las decisiones recientes se están desarrollando en el sentido contrario", explicó.

A su turno, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Guillermo Botero, se refirió al reversazo que tuvo el Gobierno al no tocar la base gravable de los contribuyentes al conocido "impuesto a la guerra", señalando que el hecho de que no se haya reducido de $1.000 millones a $700 millones, realmente no quiere decir mucho y se sigue promocionando un impuesto antitécnico.

"Esas tarifas deben bajar como consecuencias de las valorizaciones catastrales, el hecho de que se mantenga verdaderamente alivia a los menos favorecidos, pero mientras siga igual (patrimonios de $1.000 millones) no se va a ninguna parte, dado que la tarifa del 1,6% para $1.000 millones o $3.000 millones es prácticamente impagable y de ahí para arriba mucho más", explicó.

A su turno el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia Andi, Bruce MacMaster, destacó que si la Reforma Tributaria se presentara para poder cumplir con el monto del presupuesto propuesto, se darían una serie de inconvenientes a nivel macroeconómico que serían altamente riesgosos para la estabilidad fiscal del país.

"Se incentivaría el endeudamiento generando riesgos en el sector financiero. Si tenemos vacas flacas por cuenta de la producción petrolera, realmente deberíamos apretarnos y disminuir el gasto antes de sacrificar la regla fiscal presentada por el mismo Gobierno", aclaró.

Los tres encuestados por este medio de comunicación concluyeron que los contribuyentes tendrán que pagar las necesidades del Estado, pero que el ejemplo debe venir desde el Gobierno reduciendo la figura de gasto inicialmente planteada en el Presupuesto General de la Nación.

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