Estos serían los problemas que traería la ley de pago a plazos justos

El proyecto considera un periodo de transición de dos años dentro del cual se estipula que el plazo máximo de pago serán 60 días. Esta iniciativa encabezada por el congresista del Partido Verde Mauricio Toro, surge como un salvavidas para las pequeñas y medianas empresas que ven afectado su flujo de caja por la demora en los pagos.

Los ponentes consideran que no hay criterios que justifiquen que un pago se demore más de 60 días y argumentan que este comportamiento es una medida arbitraria por parte de los pagadores.

Esta postura fue respaldada por la Cámara de Comercio de Bogotá que por medio de un comunicado expresó que “Al igual que en el país, en la estructura empresarial de la ciudad predominan las micro (88%) y pequeñas empresas (8%), para un total de 96%. El más reciente estudio de causas de liquidación de empresas, realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá en 2018, concluyó que, en términos financieros, la falta de liquidez es el principal síntoma que precede el cierre de una empresa, ya que lleva a los empresarios a iniciar y mantener sus actividades con recursos propios o a endeudarse con altas tasas de interés”.

No obstante, la semana pasada los gremios ya sentaron su posición y solicitaron archivar el proyecto. Bruce Mac Master, presidente de la Andi expresó, que además de que no fueron tenidos en cuenta para la discusión, el proyecto no atiende los intereses de todos los actores de la cadena, ni tiene en cuenta las implicaciones macro y microeconómicas.

Otros sectores empresariales como el fintech, argumentan que la iniciativa no tuvo en cuenta las razones por la que las empresas manejan estos plazos para cumplir con el pago de sus obligaciones, y que tienen que ver con los ciclos de pago de sus cuentas por cobrar, y coincidieron con la Andi en cuanto a las implicaciones que tendría la iniciativa en la cadena de producción y/o comercialización, pues los pagos varían dependiendo los diferentes modelos de negocios y sector económico.

Por medio de un comunicado la compañía Mesfix expresó que el proyecto de ley podría limitar la libertad de empresa,y que es muy probable que de ser aprobada la ley la Corte Constitucional tenga que determinar si  esta riñe o no con la Constitución Política. 

Felipe Tascón director de Mesfix asegura que este proyecto no tuvo en cuenta la realidad económica del país, ni los criterios que se consideran a la hora de pactar los plazos de pago, además, resaltó que el proyecto de ley no demuestra desde punto de vista financiero y económico cómo y por qué es conveniente limitar la libertad contractual de las partes.

La compañía considera, que sería más efectiva la creación de un registro electrónico público que incorpore la información relacionada con el flujo de caja de los pagadores. Su objetivo sería que los proveedores y las autoridades administrativas competentes conozcan si realmente los pagadores requieren del plazo que solicitan.

Este tipo de registros no es algo nuevo, de hecho, varios países como Brasil y Ecuador  han utilizado este tipo de bases de datos para conocer el comportamiento económico e identificar los sectores productivos que requieren de determinados incentivos durante el año.

Finalmente, Mesfix considera que se debió tener en cuenta la experiencia internacional con este tipo de normas. Por ejemplo en Chile, Estados Unidos y la Unión Europea no limitan la voluntad de las partes, estableciendo que las disposiciones legales pueden ser pactadas en contrario. 

Por el momento la polémica seguirá encendida y solo resta esperar a ver qué sucede con el trámite del proyecto.