Espantan inversiones por US$800 millones para el campo

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, insistió en el impacto que pueda tener en el ánimo de los inversionistas extranjeros un reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la Unidad Agrícola Familiar, UAF, y un acto legislativo que limita la inversión foránea en el campo.

Debido al fallo del alto tribunal, que tumbó la flexibilización de la UAF, se congelaron o pospusieron inversiones tanto nacionales como extranjeras, en el agro colombiano, cercanas a los US$800 millones.

Según el jefe de la cartera agropecuaria, “Eran inversiones sanas que ante toda esta incertidumbre jurídica se quedaron a la espera. El Gobierno ve con mucha preocupación todo esto que está sucediendo”.

Restrepo insistió sobre este tema durante el primer debate de un acto legislativo que limita o restringe la inversión extranjera en el campo en la Comisión Primera del Senado.
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“No son inversiones mal sanas ni comprometen la seguridad alimentaria del país”, aseguró el funcionario, al defender la posición del Gobierno en el primero de los ocho debates reglamentarios que se llevarán a cabo en el Congreso.

Sobre el acto legislativo que cursa en el Congreso, el ministro de Agricultura resumió su posición en los siguientes puntos:

1.- No resulta conveniente prohibir o espantar la inversión extranjera en tierras o agroindustria en Colombia.

2.- Lo importante no es ahuyentar la inversión extranjera en el agro: lo fundamental es controlarla bien, y cerciorarse que ella promueva avances tecnológicos, empleo, vocación exportadora y capital para mejorar la infraestructura rural colombiana, e igualmente que promueva más empleo rural.

3.- En vez de prohibirla, lo que es fundamental es verificar que la inversión extranjera no llegue a comprar tierras para dejarlas “engordar”, sino para ponerlas a producir o para mejorar la productividad de las que ya están en explotación.

4.- El Gobierno ha propuesto en el proyecto de Ley de “Tierras y de Desarrollo Rural” (que se encuentra actualmente en consulta con las comunidades étnicas), que los baldíos no se podrán adjudicar en ninguna circunstancia a extranjeros. Esta postura la mantiene el Gobierno.

5.- La seguridad alimentaria del país no va a preservarse ni a mejorarse sacando a “escobazos jurídicos” a la inversión extranjera del agro. ¡A esta hay que controlarla pero no ahuyentarla, como en la práctica lo hace el acto legislativo que se empieza a discutir en la Comisión Primera del Senado!

6.- No podemos caer en un chauvinismo agrario ni, tampoco en la falta de técnica jurídica a lo que conduciría elevar este tipo de prohibiciones a rango constitucional; lo que podría entrar además en colisión con los compromisos internacionales de protección a la inversión extranjera que ha suscrito Colombia.

7.- ¿Si está permitida la inversión extranjera en bancos, en servicios, en telecomunicaciones, en infraestructura, en industria manufacturera, porqué no puede haberla (bien controlada desde luego) en actividades rurales

8.- El progreso del empleo en el campo, del desarrollo rural y de la asociatividad campesina, no se benefician, sino que más bien podrían perjudicarse, si la inversión extranjera se prohíbe en este sector. Lo que el Gobierno piensa es que la inversión extranjera debe regularse en el campo – lo mismo que en otros sectores -- de manera adecuada, asegurando la transferencia de tecnología que ella comporta y velando para que su presencia se ponga al servicio de los intereses de la modernización rural del país

Según las cifras del Banco de la República, apenas el 2% de la inversión extranjera que está llegando al país está destinada a tierras o agroindustria; el 98% restante a sectores tales como hidrocarburos, minería, industria manufacturera, transporte y servicios.