Lo bueno y lo malo del impuesto a las bebidas azucaradas

El impuesto a las bebidas azucaradas es uno de los debates sobre el contenido de la reforma tributaria que se dio mucho antes de que el proyecto fuera presentado ante el Congreso y aunque el Gobierno procuró no pronunciarse al respecto antes de presentar el texto final, el sector privado se basó en la propuesta que había presentado la Comisión de Expertos Tributarios y el Ministerio de Salud en este aspecto para realizar estudios en contra de este gravamen.

Por un lado el exministro de Hacienda, Guillermo Perry, argumentó que el impuesto a las bebidas azucaradas es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para disminuir el consumo de estos productos y “en la medida en que no lo reduzcan, por lo menos generan recursos para que el sistema de salud pueda atender los gastos adicionales por el alto consumo de azúcares”.

Algo similar ocurre con el impuesto a los cigarrillos, que pasaría de $700 a $2.100 por cajetilla en el 2017 pues, de acuerdo con Perry, son productos cuyo consumo genera altos costos al sistema público de salud que en Colombia, además “tiene un problema tan grave como el que tenemos como consecuencia de los fallos de la Corte Constitucional que ha hecho que casi todo tratamiento tenga que ser atendido a diferencia de lo que pasa en los países desarrollados”.

Otra polémica propuesta sobre este tema es gravar con un impuesto específico la comida chatarra, sin embargo sería un poco más difícil de supervisar su recaudo pues debe definirse a qué productos se aplica. Sin embargo, el exministro de Hacienda explicó que “definitivamente valdría la pena estudiarlo, por lo menos a qué tipo de comida se le aplica y que sea de fácil control”.

En el lado opuesto se encuentran tenderos y productores quienes afirman que este impuesto disminuirá las ventas de estos productos y, por esta vía, también su recaudo. Además, de acuerdo con la Andi y Fenalco, esto afectaría directamente sus ingresos por lo que sus contribuciones fiscales también caerían.

Hace unos meses, Fenalco reveló un estudio basado en la experiencia de México al imponer un impuesto a las gaseosas que señala que el consumo de estas bebidas caería un 20% con el nuevo impuesto.

Además, llevó a cabo un sondeo con los tenderos y pequeños productores del país que reveló que el 87,9% considera que la medida propuesta por el Gobierno sólo tiene un fin de recaudo y no de protección real de la salud de los colombianos.

Por su parte, la Andi contrató un estudio de la firma E-Concept que señala que imponer un IVA de 5% a las bebidas azucaradas representaría una disminución en el recaudo generado por estos productos cercano a $41.700 millones, es decir 4,3% menos.

De acuerdo con el Dane, el 4,1% del gasto de los hogares colombianos es destinado a la compra de bebidas azucaradas. Con los impuesto a las bebidas azucaradas y cigarrillos, el Gobierno espera recaudar $1,5 billones anuales.

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