Declarada la Emergencia Social en el país

El gobierno declaró la Emergencia Social en el país, para evitar la quiebra del sistema de salud que acarrea con enormes problemas financieros. El anuncio lo hizo el ministro de Protección, Diego Palacio, en rueda de prensa en el Palacio de Nariño.

"Queremos prevenir una situación que se ve inminente", dijo Palacio al reconocer que hay unos problemas en la estabilidad del sistema de salud. Considera necesario reorganizar los recursos del sistema con el fin de consolidarlo.

El presidente Álvaro Uribe ya firmó los primeros decretos que reglamentan la Emergencia Social que se extenderá por 30 días y se harán públicos en las próximas horas, pero Dinero. com estableció que se buscarán nuevas fuentes de financiación. Uno de ellos descongelará $1,4 billones que giró el gobierno nacional de presupuesto, pero que tienen problemas jurídicos para que se destinen a resolver los problemas del sector de la salud.

El objetivo es que los recursos lleguen a los centros de salud, clínicas y hospitales en todo el territorio colombiano. "Son 1,4 billones de pesos que saldrán de la liquidación de contratos del Régimen Subsidiado, reservas de loterías y aportes patronales", explicó.

Los decretos adoptaran medidas sobre el Régimen Contributivo. Por ejemplo Caprecom se convertirá temporalmente en proveedor de medicamentos y servicios que no están en el Plan Obligatorio de Salud (POS). En el Régimen Subsidiado se creará un mecanismo virtual que permita que se ejecuten los contratos cuyo objetivo es reducir la intermediación y con esto, el nivel de corrupción.

Corrupción e impuestos
En la primera semana de enero saldrá otro paquete de normas anticorrupción, que diseñaron los técnicos de la Vicepresidencia de la República. Al parecer en este paquete se estaría abriendo espacio la teoría del ex fiscal Mario Iguarán, en sentido de que quién robe dineros de la salud, se pueda culpabilizar de homicida.

En la segunda semana de enero saldría adicionalmente un grupo de normas que deben modificar los impuestos que cobran los departamentos y municipios a cigarrillos y bebidas alcohólicas y con los cuales se pretende recaudar entre $700.000 millones y $800.000 millones.