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| 5/18/2020 7:34:00 AM

¿Cuáles son las prioridades del Gobierno en medio de la crisis?

El viceministro de Hacienda habló con Dinero sobre la estrategia del Gobierno en la actual fase de la crisis. Protección del empleo formal, una de las metas principales.

El viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, quien es uno de los que maneja los hilos dentro del equipo económico del Gobierno, explicó hacia dónde estarán enfocados los esfuerzos del Gobierno en la pandemia.

En cuestión de semanas las perspectivas de la economía colombiana dieron un giro de 180º. Ahora las prioridades son notablemente distintas. Mientras hace algunos meses se esperaba que 2020 fuera un año de consolidación y las fórmulas de crecimiento parecían estar funcionando, hoy el país tiene al frente una crisis sin precedentes.

El mercado laboral y la supervivencia de las empresas se encuentran en uno de los peores momentos, por lo que el Gobierno se vio en la necesidad de declarar una nueva emergencia económica. Zárate revela los pormenores.

¿Cuáles son los detalles más relevantes de la nueva emergencia económica en materia de empleo y ayuda a las empresas?

La nueva emergencia económica tiene su fundamento en que la pandemia de covid-19 se ha extendido en el tiempo y ha tenido un impacto económico mucho mayor de lo que era razonable prever. La mayor duración e intensidad de los efectos económicos ya se han empezado a transmitir al mercado laboral y amenazan con profundizarse.

En ese marco, buena parte de las medidas que se esperan expedir tienen que ver con el funcionamiento del mercado laboral. La primera de ellas fue la creación del Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef–. Éste implica un subsidio directo equivalente al 40% de un salario mínimo para el pago de trabajadores dependientes de las empresas.

¿Tienen algún estimativo del número de empresas que podrán acceder a este subsidio y costo que tendría?

Es difícil tener estimativos exactos, dados los requisitos para obtener el subsidio. No obstante, pueden ser entre 500.000 y 600.000 empresas. El costo estimado es de $2 billones al mes, con lo cual el costo total del programa sería de $6 billones.

¿Cómo garantizar que las empresas reciban la ayuda del Gobierno, la destinen para lo que es y no despidan a sus empleados?

El programa fue diseñado para garantizar distintos niveles de control y supervisión.

El control será ejercido directamente por la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales. De no realizar el pago, el empresario debe restituir dichos recursos al fisco. Además, los beneficiarios que no paguen las nóminas y no devuelvan los recursos tendrán que enfrentar procesos civiles, fiscales y penales.

¿Por qué se optó por el modelo de ayudar a las empresas y no directamente a los trabajadores y qué pasará con los que ya fueron despedidos y no tendrán ningún tipo de alivio?

En una coyuntura como la actual, los principales beneficiados de un subsidio a la nómina son los millones de trabajadores que, con muy alta probabilidad, habrían perdido su empleo. De esta forma, el gobierno nacional pretende proteger el tejido de relaciones laborales y empresariales que se ha venido desarrollando y que constituye un patrimonio de la economía y la sociedad.

El Decreto permite que los trabajadores que han sido despedidos en marzo y abril y sean reintegrados también puedan ser objeto del subsidio.

¿Están contemplando ayudas para los trabajadores independientes en esta emergencia 2.0 y cuáles serían?

Se propondrá a la Junta del Fondo la creación de una nueva línea por $1 billón que se enfocará en los clientes de las entidades microfinancieras.

Así mismo, es bueno recordar que con los programas tradicionales de la red de apoyo social del Gobierno y el programa de ingreso solidario se está llegando a dar subsidios mensuales al 40% más pobre de los hogares del país, donde se encuentran también muchos trabajadores independientes.

¿Cuál es el costo fiscal del aplazamiento del calendario tributario?

Más que un costo fiscal, el aplazamiento en el calendario tributario implica una postergación del pago, lo que tiene impacto en la disponibilidad de caja de corto plazo de la Tesorería General de la Nación. La medida que se tomó, enfocada a pequeñas empresas, implicará una postergación de pagos de cerca de $600.000 millones.

¿El Gobierno está estudiando adoptar una flexibilización laboral? y de hacerse, ¿en qué consistiría?

Las características de la pandemia hacen necesario evitar aglomeraciones en los lugares de trabajo, así como en los sistemas de transporte masivo. Este hecho, aunado a las dificultades financieras de las empresas, señala la conveniencia de tener unas nuevas reglas en el mercado laboral, de carácter transitorio, que se adapten a los retos que imponen la pandemia y sus efectos económicos.

Por supuesto, estos aspectos son competencia de otras carteras del Gobierno que son las encargadas de analizar posibles modificaciones.

¿Cuáles son las nuevas proyecciones en materia de crecimiento?

El Ministerio actualizó sus proyecciones de crecimiento para la segunda reunión del Comité Consultivo de la Regla Fiscal. La nueva previsión es de un crecimiento de la economía de -5,5% en línea con la profunda caída de la economía mundial, explicada a su vez por las acciones que han tenido que ser adoptadas para contener la expansión de la pandemia en la población. Este estimativo tiene un margen de error mayor que en años anteriores, en la medida en que se desconoce la duración e intensidad de los choques negativos que siguen afectando la economía colombiana.

¿Cuál será el impacto de la caída del precio del petróleo sobre las finanzas públicas y cómo compensar esos menores ingresos?

La caída de los precios del petróleo y la depreciación del peso que produce este movimiento tienen un efecto moderado en las finanzas del gobierno central para 2020, que equivale a 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Este efecto es moderado en relación con la caída de los precios, y se debe a que buena parte de los ingresos de renta que se reciben este año se causaron en 2019, al igual que las utilidades de Ecopetrol. El descenso en los precios tendrá un efecto sustancial para el año 2021 y será otra fuente de modificaciones importantes de la estrategia fiscal que será presentada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

¿Cuáles han sido los usos y fuentes que hasta el momento se han empleado para atender la pandemia?

El principal instrumento en el manejo de recursos para atender la crisis ha sido el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome). Sus ingresos estimados son de $395.000 millones, provenientes del impuesto solidario por la covid-19, y recursos de deuda por un monto de hasta $25,2 billones, de los cuales $12,1 billones provienen de préstamos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), $9,8 billones de inversiones forzosas del sistema financiero en títulos de deuda pública denominamos Títulos de Solidaridad, $3 billones de créditos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y $329.000 millones de créditos del Fondo de Riesgos Laborales.

Los usos planeados hasta la fecha son: $7,2 billones para gastos del sistema de salud, $4,9 billones para los distintos giros a la red de protección social y el financiamiento de servicios públicos domiciliarios, $2,6 billones para facilitar el acceso de crédito de los gobiernos locales y las empresas a través de fondeo a Bancóldex y Findeter, y del subsidio de las comisiones a las garantías del Fondo Nacional de Garantías (FNG), y $6 billones para la protección directa del empleo a través del Paef.

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