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| 10/26/2019 12:34:00 PM

Lo que se juega este domingo: el billonario poder económico regional

¿Cómo son las dinámicas de ingresos y gastos en las entidades territoriales? Revelaciones de un estudio del Observatorio de Economía de la Javeriana.

Para distintos analistas e incluso hasta para el Gobierno Nacional, el crecimiento de la economía en el tercer trimestre de este año estará por encima de registros de los más recientes periodos: unos lo ubican en el 4% y otros, como el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en 5,6%.

Aunque hasta el momento no hay datos consolidados, una razón podría explicar parte de ese incremento, que se ha venido reflejando en trimestres anteriores: las cifras del crecimiento estarían atadas a la dinámica que trae la entrega de obras y proyectos terminados por parte de las administraciones locales y departamentales que llegan a la etapa final de sus periodos.

El poder de las entidades territoriales en la inversión pública es muy alto en el país, a pesar de las críticas sobre el centralismo y el poder que tiene Bogotá a la hora de la toma de decisiones. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para el año pasado el 70% de la inversión pública en el país correspondió a entidades territoriales y el 30% restante para el Gobierno Nacional, en un monto cercano a los $130 billones.

Sin embargo, dimensionar el tamaño y la importancia de las regiones no es una tarea sencilla para los habitantes de los diferentes municipios en el país, que poco conocen de dónde vienen los recursos y en qué se destinan. Y por ello, en muchas ocasiones este tipo de análisis no pesa en las decisiones electorales.

El Observatorio Fiscal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana hizo un estudio titulado De dónde vienen y para dónde van los recursos de mi municipio y mi departamento, escrito por Luis Carlos Reyes y Juan Oswaldo Manrique, que busca de manera didáctica explicar esas dinámicas y los montos que se manejan.

Dentro de las conclusiones y resultados que se encontraron en el análisis sobresalen dos. Uno es evidente: el manejo de los recursos depende del tamaño de los municipios; y otro ratifica una realidad en el país: queda reflejada la gran disparidad que hay entre los municipios grandes, que buscan generar sus propios ingresos y los pequeños, a los que se les dificulta crear nuevos tributos y dependen en gran parte de las transferencias que llegan por el Sistema General de Participaciones (SGP). De hecho, según el estudio, en general el SGP pesa 43% de los ingresos de los municipios, seguido de los recursos propios con el 32% y recursos de capital (créditos, rendimientos financieros y hasta venta de activos), 25%, pero no incluyen los de regalías.

“Las ciudades grandes buscan generar sus propios ingresos, con impuestos como el ICA, el predial y los de destinación urbana. Otros municipios que no cuentan con población suficiente para generar recursos propios, tienen una fuerte dependencia de las transferencias a través del SGP. Es el sistema donde el Gobierno central transfiere recursos para gastar en educación, salud y agua potable y saneamiento básico, principalmente. Para muchos municipios estos recursos representan más de la mitad de sus ingresos, e incluso, para algunos el 70% depende de las transferencias de la Nación, porque no pueden generar ingresos propios”, dice Manrique.

Los ingresos tributarios, de acuerdo con el análisis del Observatorio, representan el 28% de los ingresos municipales y valen alrededor de $24 billones; entre los que se destacan el de Industria y Comercio (ICA), con cerca de $8,4 billones; predial unificado, por $7,9 billones y otros impuestos indirectos que suman $2,9 billones. Otro de los recursos propios relevante es la sobretasa al consumo de gasolina que supera los $1,5 billones. El ICA y el predial suman el 59% del recaudo total. A su vez, las tasas, multas y contribuciones representan el 4% de los ingresos municipales.

Por el lado de los gastos, los más importantes están en salud y educación, con $20,5 billones y $14,7 billones, respectivamente, que representan el 44% de los gastos. “Los recursos que destinan los municipios para cubrir el régimen subsidiado es una partida muy grande y en educación no solo se trata de construir infraestructura y dotaciones, sino también pagar la nómina de los docentes”, agrega Manrique.

Le siguen en importancia dentro de los gastos otros sociales –deporte, recreación y cultura, ambiental, seguridad, justicia- con $12,1 billones; personal con los salarios de alcalde, gobernador, concejales y diputados, por $10,8 billones; infraestructura y vivienda –incluye provisión de servicios públicos- $10,6 billones; generales de funcionamiento $6,3 billones, y pensiones $2,5 billones.

Además de los datos y las cifras que encontró el estudio, también evidenció algunas características particulares. De acuerdo con Manrique, una de ellas es que la mayoría de los municipios grandes tienen más proporcionado su gasto; es decir, proporciones parecidas en salud y educación. Entre tanto en los pequeños son mucho más variables. “Hay municipios donde más del 60% se va para salud. El gasto en este sector es muy importante en los municipios pequeños y un poco menos educación”, agrega.

Por otro lado, se reflejan falencias en la capacidad técnica de los municipios, con nóminas cortas en el personal para manejar adecuadamente las finanzas. También se ratifica otra evidencia: la baja ejecución al principio de los mandatos y el aumento en ella hacia el final.

Y finalmente queda una preocupación en torno al reporte de la información, con casos en donde no estaba, o fallas en el sistema que podrían generar errores y malas prácticas.

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