En medio de crisis, gobierno de Lenín Moreno se prepara para negociar

Once días de violenta protesta con seis víctimas fatales y una capital devorada por el caos y en toque de queda. Después de subir peligrosamente la temperatura, la crisis en Ecuador se adentra en el diálogo entre gobierno e indígenas.

Las partes sostendrán una primera ronda de conversaciones este domingo en Quito. ¿Cómo llegan a la mesa?

Indígenas, fuertes pero divididos

El movimiento indígena, que ganó protagonismo con levantamientos que llegaron a derrocar a tres presidentes antes de fraccionarse bajo el gobierno del izquierdista Rafael Correa (2007-17), recobró inusitada fuerza.

Miles llegaron a Quito desafiando a los militares desplegados bajo el estado de excepción, para exigir que se derogue el "paquetazo", un conjunto de medidas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) enfocó su lucha en el decreto que eliminó subsidios a los combustibles y disparó el precio de la gasolina y el diésel hasta en 123%.

Los choques con la fuerza pública se tornaron cada vez más violentos. La Conaie "coincide en la movilización pero ya no en el diálogo, está totalmente dividida", apunta Pablo Romero, experto indigenista de la Universidad Salesiana. 

Romero identifica dos alas: "una radical que pide la salida" del presidente Lenín Moreno, y una moderada que "quiere la revisión de las medidas".

La división salió a flote el viernes: mientras la Conaie rechazaba el diálogo, un dirigente filtraba una carta con la intención de la confederación de sentarse a negociar directamente con el gobernante.

Finalmente, los indígenas se inclinaron por dialogar. "Es insostenible la protesta en Quito", apunta Romero. Y además "no tiene sentido" porque -añade- ni el gobierno ni el Legislativo están ejerciendo propiamente en la capital, y la manifestación pierde "incidencia política".

Débil pero con apoyos vitales 

Sucesor y exaliado de Rafael Correa, Moreno encara en su segundo año de gobierno una crisis explosiva. Su pelea con Correa dividió el oficialismo, perdió la mayoría parlamentaria y tiene las encuestas en contra.

"Claramente se ha debilitado políticamente", señala Michael Shifter, del centro de análisis Diálogo Interamericano.

Aun así Moreno se embarcó en un programa de ajuste con financiación internacional por 10.300 millones de dólares. Solo con el FMI contrajo un crédito de 4.200 millones.

El presidente sostiene que encontró una economía lastrada por el alto endeudamiento, el derroche y la corrupción de su antecesor. 

Apenas estallaron las protestas, que dejan seis muertos y casi 2.000 detenidos y heridos, Moreno impuso estado de excepción y trasladó la sede del gobierno a Guayaquil. Los disturbios en la Amazonía mantienen interrumpido el transporte de petróleo -mayor fuente de divisas- por el principal ducto.

"Su decisión de huir de Quito no dio tranquilidad; el control que tiene sobre el país (...) es precario", añade el experto.

El sábado se desbordó la violencia en Quito. Hubo enfrentamientos y trincheras de guerra en las calles; manifestantes incendiaron y saquearon un edificio público, y asaltaron un canal de televisión y un periódico. Moreno impuso el toque de queda y militarizó la capital de 2,7 millones de habitantes.

En medio de las llamas recibió una bocanada de aire con la aceptación de los indígenas de tener un diálogo directo.

Moreno se sostiene gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas, la poderosa clase empresarial y los acuerdos con la derecha anticorreísta. Estados Unidos también le respaldó e internamente un sector de la opinión piensa que sus reformas son dolorosas pero necesarias, según el economista Pablo Lucio Paredes, de la Universidad San Francisco de Quito.

Ahora "su supervivencia depende de la voluntad de ambas partes de ser flexibles y de la capacidad de su equipo para manejar eficazmente un momento tan políticamente peligroso", añade Shifter.

Diálogo

Así, Moreno e indígenas se preparan para explorar un arreglo. Una crisis tan volátil impone una salida urgente, opinan los analistas. Naciones Unidas y la Iglesia católica trabajaron para acercar a las partes. 

"Para los indígenas (ahora) será muy difícil volver a las medidas de hecho" tras sentarse a conversar, señala Santiago Basabe, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Y el gobierno ya expresó su disposición a revisar el decreto que prendió el descontento social. "La posibilidad de acuerdos va en aumento", agrega el experto.

Moreno dijo que quiere hablar sobre la base de que se mantengan los ajustes y se distribuyan mejor los recursos del Estado. Los indígenas, que en principio rehusaban cualquier solución que no fuera archivar las medidas, están ahora abiertos a una "derogatoria o revisión" de las mismas, lo que abre la puerta a una negociación.