| 3/21/2014 5:00:00 AM

Riesgo latente para constructoras

Un proyecto decreto del Gobierno tiene en vilo las pequeñas y medianas empresas del sector que cubren una demanda del 90% en obras públicas.

Luego de la aprobación de la Ley de Infraestructura impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso de la República el año pasado, se dieron una serie de ventajas para este sector en el país.

En primera medida se dio oportunidades para avanzar en los proyectos de infraestructura en especial los viales y de carretera que tenía un cuello de botella con la compra de predios.

Aprobada la ley de dio luz verde a esta problemática a otras más que obstaculizaban el desarrollo de las iniciativas impulsadas por la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.

Sin embargo, surge un problema para las empresas constructoras ya en lo que tiene que ver con los procesos de contratación.

Durante el trámite de la ley se derogaron algunas normas que obligaron al Gobierno a fijar nuevas reglamentaciones para los trámites de contratación pública.

El Gobierno Nacional expidió un proyecto decreto en el que cambia las reglas de juego para las oferentes relacionadas con la nueva fórmula para el concurso de los procesos de adjudicación.

Para el nuevo esquema se tendrá en cuenta el músculo financiero más que la experiencia de las empresas y su parte técnica.

La situación es de alta preocupación para la Cámara Colombiana de Infraestructura al considerar que las primeras afectadas serán las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción en Colombia.

“El tema es de preocupación por la forma en la que está planteado el borrador de decreto y la guía de cálculo para la determinación de la Capacidad de Contratación de las empresas oferentes de obras públicas para el Estado”, plantea la agremiación.

Dinero habló con el vicepresidente Técnico de la CCI, Jorge Marín, quien manifestó que las pymes del sector entrarían en un riesgo latente de implementarse esta normativa además que significaría la muerte económica para estas empresas.

Así mismo, afirmó que se tendría en cuenta la capacidad financiera por encima de la capacidad técnica y la experiencia, hecho que a consideración del gremio es altamente inconveniente y lesiva para las pequeñas y medianas empresas del sector, que representan el 90% del mercado.

De mantenerse la medición de la capacidad de contratación en los términos que publicó la Agencia Nacional de Contratación, se presentaría una gravísima situación, especialmente para las pymes de ingeniería, quienes prácticamente desaparecerían de la contratación con el Estado.

Estas empresas son de alta participación en las obras civiles del país tanto en proyectos de vivienda, vías, edificaciones, puertos, entre otros, que podrían en vilo el desarrollo de los mismos.

Marín sostuvo a Dinero que con las normas que se buscan implementar sencillamente las compañías ni siquiera podrían participar en los procesos de licitación.

La alerta fue enviada por la agremiación al Gobierno Nacional en una carta dirigida a todas las autoridades del sector para solicitar los correctivos necesarios sobre el tema.

Una de las principales preocupaciones argumentadas en la comunicación tiene que ver con que se establece una distribución de los puntajes errada al otorgar preponderancia a la capacidad financiera, por encima de la experiencia y la capacidad técnica.

Vale la pena señalara que el proyecto decreto está para comentarios hasta el 25 de marzo del presente año para luego dar la correspondiente firma y que entre en vigor la nueva normativa.

No obstante, los constructores y la propia CCI como vocera han enviado mensajes para hacer modificaciones del caso y así evitar una crisis.

Del mismo modo, plantea una forma de puntuación de la Experiencia, que deja en condición de ventaja a aquellas empresas que más han contratado a la fecha de actualización del RUP; esta situación no es equitativa con las sociedades de menor tamaño.

Por último, el gremio empresarial que representa a los constructores de obras públicas para el Estado, insiste en la adopción completa de la propuesta remitida por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, teniendo en cuenta la forma equilibrada y adecuada en la que combina los factores técnicos, de experiencia, organizacionales y financieros.

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