Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda. | Foto: Minhacienda

IMPUESTOS

¿Qué quería decir el Minhacienda con el “Sisbén para ricos”?

El ejemplo del Sisbén como mecanismo para organizar a los más ricos de Colombia según sus ingresos generó polémica y malos entendidos. Dinero le explica qué es el Sisbén, cómo se utiliza y cómo se le aplicaría a los de ingresos más altos.

21 de agosto de 2018

“A lo mejor lo que hace el impuesto empresarial, como lo demuestra el  hecho de que después de impuestos nuestra desigualdad social es idéntica a lo que era antes de impuestos, es que no hemos logrado hacer esa progresividad (impositiva). Si verdaderamente queremos progresividad, tenemos que identificar y así como tenemos un Sisbén para pobres, tendría que haber un Sisbén para los ricos e identificar pobres y ricos para hacer la redistribución real en el sistema impositivo”, propuso el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ante los más de 2.000 asistentes al Congreso de la Andi la semana pasada en Cartagena.

Y como era de esperarse, la propuesta generó polémica pues Colombia, que se apropia siempre de sus términos, entendió que se les darían subsidios a los más ricos del país. Sin embargo, la propuesta está lejos de asignarle beneficios económicos a quienes reportan más ingresos en el país.

El término Sisbén nació en 1997, dos años después que el Conpes ordenara el inicio un sistema de identificación y entrega de beneficios a los más pobres de Colombia, que incluye el derecho a la afiliación gratuita al Régimen Subsidiado de Salud y la entrega de asignaciones monetarias dentro del plan para reducir la pobreza.

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Más adelante el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se apropiaron de la ejecución del programa cuya sigla significa Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales y, con un puntaje de 0 a 100, clasifica a la población de menores ingresos de acuerdo a su estándar de vida.

Con el paso de los años, el sistema se perfeccionó para identificar con mayor seguridad a quienes realmente necesitan los beneficios de esta “fila” como la denominó después el mismo Gobierno y eliminar a los “colados” mediante el cruce de bases de datos.

Además, se le unieron otros beneficios como la entrega de subsidios económicos tipo Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, todos bimensuales.

Colombia es uno de los países de América Latina con mejor identificación de sus habitantes con menores ingresos y uno de los pocos en el hemisferio que incluso en los recientes años de desaceleración logró mantener la caída del índice de pobreza multidimensional y monetaria.

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Sin embargo, nuevamente se requiere una reforma tributaria que garantice los ingresos necesarios a la Nación para continuar con sus programas de reducción de la pobreza y la desigualdad, así como las demás obligaciones, y que ayude a reducir la presión fiscal.

En medio del naciente debate han salido diferentes propuestas y el nuevo ministro de Hacienda señaló ante la Andi que es necesario identificar, tal como se hizo con los de menos recursos, a aquellos de mayores ingresos con la idea de hacer realmente progresivo el sistema de tributación.

Pero el ministro Carrasquilla utilizó un ejemplo que sirvió más para la confusión y el debate que para aclarar su propuesta.

Mientras la tarifa de renta de las empresas disminuiría con la promesa de que sus mayores rentabilidades ayuden a mejorar los salarios y crear más puestos de trabajo, el umbral para la declaración y pago de renta en el país sería mucho más bajo de modo que la tarifa del mismo fuera progresiva.

En la actualidad, los colombianos empiezan a declarar renta con un ingreso bruto anual de $44‘603.000; un patrimonio bruto superior a $143‘366.000; compras o transacciones, inversiones, depósitos o consignaciones bancarias iguales o superiores a los $44‘603.000, pero la primera tarifa es de 19% desde un ingreso notablemente superior.

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Mario Valencia, director de Cedetrabajo, advirtió que “de acuerdo con los cálculos del mismo Ministerio de Hacienda, entre 2017 y 2022 el IVA recaudará $52,4 billones adicionales, el impuesto de renta a personas naturales recaudará $4,9 billones más y en ese mismo periodo el impuesto a personas jurídicas recaudará $6,9 billones menos”.

La propuesta de clasificar a los colombianos de mayores ingresos, tal como se hace en la actualidad con los de menores ingresos, busca precisamente aplicar las mayores tarifas impositivas a quienes obtengan el puntaje de mayores ingresos mientras que a los clasificados con el tradicional Sisbén se les devolvería el pago del IVA mediante los mecanismos ya conocidos, de tal forma que tras la redistribución de los impuestos la igualdad sea mayor y el pago tributario de los más pobres sea efectivamente de $0.

El economista Roberto Angulo explicó que lo que estaba diciendo realmente el ministro Carrasquilla es que así como hay una clasificación de los pobres, se necesita una clasificación similar de solvencia para la población no pobre, que ayude a determinar los umbrales de tributación para que estos sean progresivos.

Es decir, la idea es que los pobres no paguen impuestos ayudados por los mecanismos de devolución de tributos ya establecidos por el Sisbén, y que podrían mejorarse, y que los no pobres paguen más, de acuerdo con su capacidad.

El país necesita un instrumento que mida realmente el nivel de ingreso de los colombianos de clase media y alta, ya que como es conocido, a la Dian se le evade por lo que sus cifras no están completas. El índice nuevo deberá corregir esa falta de información.

Finalmente, para lograr que realmente por primera vez en su historia los colombinos pobres no paguen impuestos, se necesitará una evaluación de subsidios que implica a su vez que el DNP lance el Sisbén IV, programado para 2020, de forma que se modifique la base de programas grandes como Familias en Acción; y una estrategia de calidad del gasto social con localización geográfica con tecnología que sea complementaria a Sisbén, la tercera estrategia sería complementar los procesos de revisión de eficiencia del gasto social, una tarea que tendrán que llevar a cabo en alianza el DNP y el Ministerio de Hacienda.

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