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| 8/23/2020 10:49:00 AM

Lista la regulación para las mega inversiones en Colombia

El Gobierno nacional expidió el decreto 1157 que establece los beneficios y las condiciones para que las mega inversiones del país tengan beneficios tributarios.

La norma definió como mega inversión aquella que se lleve a cabo en el territorio nacional en propiedades, planta y equipo, de carácter productivo o susceptibles de serlo, para el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios por un valor igual o superior a $1 billón.

Estas inversiones deben generar por lo menos 400 nuevos empleos directos para tener beneficios y tarifas diferenciales sobre el impuesto de renta y complementarios.

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“Cuando se trate de inversiones de los sectores de alto componente tecnológico, de tecnologías emergentes y exponenciales y de comercio electrónico, se requiere un mínimo de 250 empleos directos para obtener esta calificación; y cuando se trate de inversiones en el sector aeronáutico nacional, por un valor igual o superior a $71.214 millones, se requiere al menos 400 nuevos empleos directos”, dice el decreto.

Las mega inversiones deben desarrollarse en un lapso de máximo cinco años gravables que comenzarán a contarse a partir del año en que se notifique el concepto técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que reconoce el carácter de megainversión.

Para que una compañía sea considerada como mega inversionista debe presentar en el Ministerio de Comercio las certificaciones de que cumple con los requisitos anteriormente mencionados.

Uno de los beneficios a los que pueden acceder los mega inversionistas en Colombia es el acceso a un régimen tributario especial por 20 años contados a partir del periodo gravable en el que el Ministerio de Comercio reconozca y notifique dicha mega inversión.

Estos inversionistas también serán excluidos de la renta presuntiva y tendrán una tarifa diferencial de renta del 27%, mientras que la tarifa de las demás compañías es de más del 30%.

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También contarán con una exclusión del impuesto al patrimonio, una depreciación en un periodo mínimo de dos años y una tarifa del 27% sólo sobre los dividendos que hayan sido gravados al distribuirse.

Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca incrementar la inversión en Colombia y generar así mayores puestos de trabajo. 

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