Colombia y Perú debaten cómo mejorar el sistema pensional latino

Al crearse la Comisión del Gasto Público en Colombia, se anunció que uno de los temas que tendría que evaluar la misma es precisamente el sistema pensional, ya que los subsidios que se otorgan para este beneficio finalmente se destinan en su gran mayoría a los pensionados de mayor ingreso y generan una gran fuente de gasto público.

Este fue uno de los temas de debate entre el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, la presidente de la Asociación de Fondos de Pensión del Perú, Giovana Prialé, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, y dos de los expertos que integran la citada comisión.

Kuczynski ha declarado en su país que una de las prioridades de su mandato es precisamente el sistema pensional, por lo que aprovechó la coyuntura colombiana para hablar con Montenegro, Roberto Junguito y Leonardo Villar sobre el sistema que hoy tiene un déficit de $38 billones, según con el DNP.

En ese sentido, los temas tratados durante la reunión que se llevó a cabo en Perú estuvieron: el rápido envejecimiento poblacional, la alta informalidad que impide que millones de trabajadores en Latinoamérica accedan a una pensión de vejez y el desbordado gasto público en el pago de pensiones.

En el caso de Colombia, todos los sectores están de acuerdo sobre la necesidad de una reforma pensional que garantice la sostenibilidad del sistema y cierre el mencionado déficit. Sin embargo, el Gobierno ha sido claro en señalar que esperará el reporte de la Comisión del Gasto y que, tal como dijo con la reforma tributaria, el proyecto de nuevo estatuto tendrá que ser “ampliamente debatido” con todos los colombianos.

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Debate pensional

Mientras los expertos y el presidente peruano discutían sobre los problemas pensionales de la región y los cambios que el sistema necesita, en Colombia el debate sobre este tema se encendió nuevamente por cuenta de dos proyectos de ley, ambos de iniciativa legislativa, que están en etapa de conciliación y que el presidente de la República podría objetar.

Ambos proyectos buscan reducir la brecha de ingresos entre los pensionados, beneficiando a los de menores ingresos y a las mujeres. Sin embargo, no cuentan con aval del Gobierno que advierte que además podrían ser inconstitucionales, pues ninguno de los dos plantea de dónde saldrán los recursos necesarios para cubrir el dinero que dejaría de recibirse si se modifica el régimen actual.

Por un lado, el proyecto que reduciría el aporte de los pensionados al sistema de salud a apenas una tercera parte del actual generaría un déficit adicional en el sistema de salud cercano a los $2,5 billones de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda, que se sumarían al gasto adicional de $70 billones en los próximos años por reducir el número de semanas obligatorias de cotización para las mujeres.

Los creadores de las iniciativas las defienden alegando la igualdad de condiciones y el derecho al bienestar y la calidad de vida para todos los colombianos, mientras que el Gobierno pide que se tenga en cuenta el daño a las finanzas nacionales que provocaría la aplicación de ambas iniciativas.

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