En el 2015 el ahora presidente del Senado, Mauricio Lizcano, presentó junto con otros senadores el proyecto de ley que ahora está listo para conciliación pese a que no explica de dónde saldrán los recursos para subsidiar las 150 semanas de cotización que se les restarían a las mujeres, ni cuenta con aval del Gobierno que se ha opuesto al proyecto por falta de recursos.

El proyecto de ley es inconstitucional por varias razones. La primera es que representaría una reforma pensional sin presentarse como tal y sin modificar los demás elementos del sistema pensional actual para garantizar su sostenibilidad.

La segunda razón es que el Congreso debe establecer la fuente de financiación para el gasto adicional que representaría la aplicación de cualquier ley y porque la sostenibilidad fiscal del sistema es un principio constitucional, tal como lo advirtió la propia Corte Constitucional.

Para que una mujer obtenga su pensión al completar las 1.300 semanas de cotización, ya está subsidiado cerca del 60% del dinero que se le pagará, pero si el plazo de cotización para las mismas se disminuye hasta 1.150 semanas, tendría que subsidiarse cerca del 80% de la pensión que recibirá. Es decir que las mujeres apenas alcanzarían a financiarse el 20% de sus propias pensiones.

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A esto debe sumarse que de acuerdo con las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Financiera, a la edad de pensión, entre los 57 años para las mujeres y los 62 años para los hombres, la expectativa de vida de las mujeres es en promedio cuatro años mayor que la de los hombres, de manera que al pensionarse tienen un horizonte de pensión cuatro años mayor y ya que además se pensionan cinco años antes, en promedio tienen un período de pensión nueve años mayor que el de los hombres.

Esto implica que en una pensión promedio de Colpensiones, que es cercana a los 1,87 salarios mínimos mensuales, el nivel de subsidio pase del 22,5% de la pensión, si se aplica el actual requisito de 1300 semanas y una tasa de rendimiento del 5%, a un nivel de subsidio del 31,4% de la pensión si el tiempo mínimo se reduce a 1.150 semanas, lo cual representa un incremento cercano al 39,6% para las mujeres beneficiarias de este proyecto de ley.

Dicho impacto inicia beneficiando a 1.809 mujeres en 2018, con un costo adicional de $50.000 millones, para estabilizarse en 2060 con alrededor de 178.108 mujeres y un impacto anual de $2,5 billones desde el 2019, a precios de este año.

El texto aprobado por las plenarias de Senado y Cámara incluye también la reducción en la actual tasa de reemplazo promedio que se aplica a las mujeres cuyo ingreso base de liquidación se ubica entre dos y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, favoreciendo así a las mujeres con un ingreso base de liquidación superior a los diez salarios mínimo y generando que el 9% del costo fiscal se concentre en apenas el 2,8% de las mujeres pensionadas.

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Sin embargo, en 2012 la Corte Constitucional advirtió que “es el principio de eficiencia, el sustento para que se tenga como criterio orientador la sostenibilidad financiera autónoma del sistema integral de seguridad social en pensiones, en aras de garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.

Los autores del proyecto de ley no explican de dónde saldrán los $70 billones adicionales para garantizar la sostenibilidad del sistema, lo que obligaría a que dichos recursos salgan del pago de impuestos, pero sí alegan la desigualdad laboral de las mujeres por tiempo de crianza de los hijos y de búsqueda de empleo tras la crianza de los mismos.

Un argumento que se ajustaría perfectamente a la protección de grupos en condición de desigualdad en la década de los 90, cuando las mujeres realmente tenía más obstáculos que los hombres para lograr el mismo número de semanas de cotización pues solían quedar sin empleo al notificar a sus empleadores sobre sus embarazos y cuando sus hijos nacían debían quedarse al cuidado de ellos en el hogar.

Pero más de dos décadas después, la realidad es que las condiciones laborales de las mujeres les ofrecen mayores garantías para que continúen empleadas durante el embarazo y tras el nacimiento de sus hijos, recibiendo además un sueldo y cotización a pensiones durante las 16 semanas de licencia de maternidad. Condiciones que además las convierten estadísticamente en mejores ahorradoras de pensiones que los hombres.

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