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Opinión

  • Javier Fernández Riva | 1999/03/12 00:00

    Y todos tan contentos

    El fallo de la Corte sobre la Emergencia revela una preocupante incomprensión de las relaciones entre el manejo de la economía y los intereses generales del país.

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Confieso que, de entrada, me sorprendió la flemática reacción del Gobierno al fallo de la Corte Constitucional sobre la Emergencia, que dejó en pie el impuesto sobre las transacciones financieras que se había creado en noviembre pero ordenó que los recaudos sólo sean utilizados para apoyar la banca oficial y para brindar alivios a los deudores hipotecarios y a los ahorradores de las cooperativas. Y que, para completar, estableció una serie de precisiones que se parecen demasiado a legislar sobre materias que, en los países bien manejados, son competencia del Ejecutivo y del Congreso, no de los jueces.



Luego me percaté de que hay varias razones para la tranquila reacción del Gobierno. En primer lugar, es atractivo políticamente declarar que las uvas estaban verdes, que las cosas que la Corte le prohibió hacer no eran importantes. Los funcionarios públicos de Macondo ya salieron incluso a explicarnos que los verdaderos fines de la Emergencia eran los que acaba de establecer la Corte, por más que en los considerandos para declararla y en los muchos documentos preparados para justificarla se hubieran presentado las cosas de manera muy distinta.



A todos los que pagan impuestos les interesa que se prevenga la liquidación de entidades financieras, sean ellas públicas o no.





Otra razón por la que el Gobierno reaccionó con tanta tranquilidad es que mediante las figuras de "alivio a los deudores del upac" se logrará transferir a las CAV, esto es, a las entidades cuyos problemas tendrían la mayor capacidad para generar una crisis del sistema, los recursos necesarios para apuntalarlas. Ello es así porque, aunque nuestros honorables magistrados prefieran no darse cuenta, el apoyo a los deudores del upac también puede interpretarse como un mecanismo para que las CAV puedan recibir, mediante recursos fiscales que complementen los pagos directos de sus deudores, unos dineros que de otra manera tendrían total o parcialmente perdidos.



Una tercera explicación de la tranquilidad del Gobierno es que piensa que los problemas críticos del sector financiero que exijan usar fondos adicionales a los que la Corte mandó destinar a los bancos oficiales, los deudores del upac y los ahorradores de las cooperativas, podrán atenderse mediante una reorientación de otros recursos. ¿De manera que a los señores magistrados les dio por que la plata del 2 por 1.000 sólo se use para las entidades oficiales y etcéteras? Pues démosles gusto, porque así lo manda la Constitución, y usemos fondos propios del Fogafin y del fisco nacional para atender esas necesidades de apoyo de la banca privada distinta a las CAV.



Vistas así las cosas, la decisión de "sectorizar" los recursos, a la que tan laboriosamente llegó nuestra máxima autoridad constitucional, luce como una simple tontería de abogados más que como algo con consecuencias serias para la salud de la economía.



Hasta aquí he tratado de interpretar o explicar la reacción del Gobierno. Ahora debo añadir que no comparto su indiferencia y que, en mi opinión, el fallo de la Corte es muy negativo para el país tanto por sus consecuencias financieras directas como por la reducción de la capacidad de Ejecutivo para defender los intereses económicos generales.



Primero, muy brevemente, sobre las consecuencias financieras directas. No es totalmente cierto que, ahora que por mandato de la Corte todos los recursos del 2 por 1.000 tendrán que usarse para los fines que ella estableció, el Gobierno podrá echar mano del fondo común (ingresos corrientes o créditos) para atender las otras necesidades de salvamento del sector financiero. La decisión de la Corte obliga a destinar a ciertos usos más fondos que los que originalmente el Gobierno estimaba conveniente, teniendo en cuenta otras necesidades. Como los recursos son escasos, ha aumentado el riesgo de que algunas entidades financieras, que ahora no podrán recibir un apoyo oportuno, entren en serias dificultades en el futuro cercano.



Pero lo más preocupante es la estrecha concepción de la Emergencia Económica como una figura para brindar unos apoyos monetarios a ciertos grupos, ya sean ahorradores o deudores. La legitimidad económica de prevenir una crisis financiera tiene que ver con el interés general, no con transferencias específicas a algunos grupos. Y ninguna interpretación válida de la Constitución debería atentar contra el interés general.



Para comenzar, hay un obvio interés fiscal (esto es, de todos los contribuyentes) en prevenir que deban liquidarse entidades viables del sector financiero, sean privadas o no. Al fin y al cabo, si debido a la falta de mecanismos financieros idóneos "colapsa" una entidad privada, el fisco nacional tendrá que incurrir en el costo de honrar, por intermedio del Fogafin, el seguro de depósitos. En la actual situación colombiana ello podría implicar distraer recursos fiscales de fines tan meritorios como la atención de la salud o la educación para poder financiar el seguro de depósitos.



En segundo lugar, hay un interés general de los ahorradores en la buena marcha del sector financiero, sin excluir en modo alguno a las entidades privadas. Al fin y al cabo, si por falta de apoyos financieros oportunos debe liquidarse una entidad privada que habría sido viable en otras circunstancias no serán sólo sus dueños los que perderán dinero sino que también podrían verse afectados los ahorradores cuyos depósitos individuales excedan la suma cubierta por el seguro de depósitos del Fogafin, actualmente $7,5 millones.



Por último, hay un interés general del país, incluyendo el de las pocas personas que no son ni deudoras ni depositantes de las entidades privadas de crédito, en preservar la solidez del sector financiero, porque si por inacción oficial o carencia de instrumentos apropiados estalla una crisis bancaria, el traumatismo económico resultante puede barrer con buena parte del producto y la riqueza del país, y disparar el desempleo a un nuevo récord.



En suma, los beneficios de la prevención de una crisis financiera son mucho más amplios y más dispersos que los que parece haber considerado la Corte.



Mi opinión es que, en este caso particular, los problemas derivados de la lastimosa confusión económica de nuestros altos magistrados no resultarán críticos porque hay una coincidencia entre las necesidades de apoyo prioritario a las CAV para evitar una crisis sistémica y las limitaciones impuestas por la Corte al uso de los recursos del 2 por 1.000. Pero lo cierto es que el Gobierno ha quedado maniatado para tomar en el futuro, usando la figura constitucional de la Emergencia Económica, medidas en el interés general del país a menos que tales medidas satisfagan la muy discutible concepción socio-económica-jurídica de nuestros altos magistrados.

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