Opinión

  • | 2000/11/10 00:00

    Salvar al ISS

    Dejar que el ISS muera sería abrirle paso a otro monopolio.

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Cuando se discutía la ley 100, en 1993, se hizo énfasis en la solidaridad y la concurrencia de actores públicos, sociales y privados, para que los colombianos tuvieran diferentes opciones. Ha sido interesante que, además del ISS, estén las EPS en la afiliación al régimen contributivo. Con el monopolio público habría sido imposible el avance en cobertura. Sin embargo, eliminar el ISS sería abrir paso a otro monopolio, con graves consecuencias. El camino es salvarlo, pero ello implica una profunda reforma.



En buena hora, el Ministro de Trabajo, el Presidente del ISS y su Consejo Directivo están en la tarea de redefinir el futuro de la institución, que depende fundamentalmente de la modificación interna que le recupere viabilidad, el control de la evasión y el comportamiento de la economía que permita aumentar la cobertura y pagar las cotizaciones.



Es necesario que sea competitivo, para lo cual no tiene que renunciar a su condición de patrimonio público. Requiere capital, productividad laboral, racionalidad prestacional, nuevos esquemas administrativos y definitivamente que acabe con la presencia politiquera que tanto daño le ha causado.



El nuevo aporte de capital, proveniente del Gobierno, debe tener como condición la reforma, porque de lo contrario, cada seis meses habrá que rescatarlo. Y no hay presupuesto público que resista.



Cada clínica debe proponerse la meta, y lograrla, de que su productividad y eficiencia estén a la par con las mejores del sector privado. No se entiende por qué la nómina total, directa y por contrato, creció tanto desde 1993, pues un esfuerzo de productividad habría permitido atender la cobertura familiar con un crecimiento menor de funcionarios.



Los sindicatos deben facilitar la reducción de nómina y la racionalización prestacional. Es insostenible reconocer pensiones en las clínicas muy superiores a las que corresponden a sus afiliados externos de instituciones y funciones semejantes.



Una cosa es la propiedad del patrimonio y otra, la administración. El patrimonio, de naturaleza estatal, podría ponerse en cabeza de una fiducia que tenga por objeto asegurar el pago de las obligaciones laborales, por medio de las utilidades y no de la venta de activos necesarios. Las utilidades provendrían de las clínicas o centros de atención, cuyo manejo podría encomendarse, por contrato de administración, a entidades como las cajas de compensación familiar o a organizaciones cooperativas, en las que participen los propios trabajadores.



Sería una mezcla de patrimonio público, administración privada de instituciones sin ánimo de lucro y garantía de utilidades para honrar las obligaciones laborales.
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