Opinión

  • | 1999/07/02 00:00

    Programas para la crisis

    Experiencias exitosas en otros países pueden servir de guía.

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En una reunión reciente del Banco Mundial con los responsables de política social y de los fondos de inversión social de varios países de América Latina, se discutieron programas efectivos para proteger a la población pobre más vulnerable durante períodos de crisis económica. Al respecto, ha habido notables avances y varios ejemplos de mejores prácticas o casos exitosos en países de América Latina. Entre éstos se citaron casos como los Fondos de Inversión Social de Nicaragua y Honduras que han sido fundamentales para la reconstrucción de la infraestructura productiva y social de estos países después de la destrucción hecha por el huracán Mitch.



A sólo 24 horas de ocurrida la tragedia, estos fondos ya estaban evaluando daños, contratando maquinaria y equipo y empezando la reconstrucción al financiar un gran número de proyectos de inversión. A diferencia de lo que ocurrió con nuestros fondos de cofinanciación, convertidos en instrumentos de politiquería y burocracia, estos fondos son máquinas eficientes de evaluar y financiar proyectos ejecutados por las comunidades, las ONG y el sector privado. Al mismo tiempo, los fondos de inversión social han sido instrumentos claves para generar empleo en forma rápida y eficiente.



El Fondo de Inversión Social de Chile (Fosis) ha también sido un instrumento clave para promover el apoyo de la banca comercial a los campesinos más pobres y más pequeños que no han sido objeto de crédito por sus altos riesgos y los altos costos operativos que demanda su atención. El Fosis paga parte de los costos administrativos de estos créditos directamente a las entidades financieras, pero los bancos asumen todos los riesgos.



Otros programas mencionados fueron Progresa en México y Bolsa Escola en Brasil que entregan subsidios directos a las familias más pobres, condicionados a que las familias mantengan a sus hijos atendiendo regularmente a la escuela y asistan a los controles de salud preventiva y de promoción de la salud, como en el caso de Progresa. Estos programas buscan reducir apreciablemente la deserción escolar que ocurre por razones económicas cuando las familias recurren al trabajo infantil para ayudar a sostenerse durante las crisis económicas. Progresa en México está atendiendo a más de 2 millones de familias pobres rurales a un costo fiscal anual de cerca de US$700 millones.



Cuesta mucho pensar que en Colombia mucho más que ese dinero se gastará en subsidiar entidades oficiales como el BCH, la Caja Agraria y otras que han perdido dinero por malos manejos, corrupción y voracidad burocrática.
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