Opinión

  • | 2009/02/06 00:00

    Las promesas del alcalde

    Es evidente que detrás del decreto que busca aprobar un Plan Zonal para el norte de Bogotá, se mueven muchos intereses, en especial aquellos de grandes constructores.

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Durante la campaña por la alcaldía, Samuel Moreno ofreció a los electores trabajar por una ciudad compacta, no segregada y respetuosa de los valores ambientales de Bogotá y de la Sabana.

Sin embargo, la prensa ha dado a conocer un proyecto de decreto que está para su firma con el cual se pretende aprobar un Plan Zonal para el norte de la ciudad. Plan que de llevarse a cabo, terminaría urbanizando la franja de mayor significación ambiental con que cuenta la Sabana y dando paso a la conurbación de los municipios de Chía y Cota con el Distrito Capital.

Con el mencionado decreto el Alcalde no solo incumple sus promesas electorales sino que a la vez ignora las decisiones, de obligatorio cumplimiento, que el entonces Ministerio del Medio Ambiente, bajo mi administración, tomó al dirimir la disputa que se generó por el Plan de Ordenamiento del DC que presentó la administración Peñalosa a consideración de la CAR y en el cual, para el caso del borde norte de la ciudad, no logró una concertación. La propuesta de Peñalosa buscaba la expansión urbana sobre esta zona, algo similar a lo que propone el decreto del alcalde Moreno, en tanto que la CAR se oponía a un proceso que tenía serias implicaciones ambientales para la Sabana y que amenazaba con un proceso de conurbación con los municipios vecinos.

Con el fin de dirimir la controversia y dada la importancia del tema para el futuro bienestar de todos los bogotanos, el Ministerio a mi cargo conformó un panel interdisciplinario de expertos del más alto nivel para estudiar las diferentes alternativas y dar su veredicto final. El panel del que hicieron parte personalidades de la talla del urbanista Rogelio Salmona, Germán Samper, Julio Carrizosa, Thomas van der Hammen y el exministro Manuel Rodríguez, entre otros, tomó como base los estudios de van der Hammen quien, con el fin de proteger la estructura ecológica principal de la Sabana afirmó que "El extremo norte del D.C. constituye una parte importante y única del patrimonio ecológico, histórico y cultural del D.C. y, por lo tanto, el alcalde mayor y el Consejo Distrital están obligados a protegerlo y conservarlo, según lo ordena la Constitución Nacional y la Ley 99 de 1993".

Luego de varios meses de trabajo, y una amplia consulta ciudadana, el panel de expertos recomendó el establecimiento de una franja de conexión, restauración y protección entre los cerros orientales y el río Bogotá, con un ancho máximo de 800 metros, que cubre un área de aproximadamente 1.500 hectáreas, con el propósito de proteger el ecosistema Torca-La Conejera, el sistema de humedales y los últimos relictos de bosque nativo de la Sabana. La franja de conexión entre ecosistemas, además de llenar el enorme vacío de espacios verdes de la ciudad, se constituye en escenario para la recreación e impide la conurbación con los municipios vecinos. El Ministerio, luego del análisis de su equipo técnico, decidió adoptar las recomendaciones del panel con la seguridad de entregar a los ciudadanos un futuro mejor. Tal decisión no gustó a la administración Peñalosa quien demandó la medida, que meses más tarde fue declarada como ajustada a la Ley por parte del Consejo de Estado.

Es evidente que detrás del decreto se mueven muchos intereses, en especial aquellos de grandes constructores. La forma inconsulta y carente de transparencia con que el Alcalde ha asumido el tema plantea muchos interrogantes. Por tal razón, varios ex ministros del Medio Ambiente y otros reconocidos ambientalistas hemos enviado una carta al Alcalde con varias de las consideraciones que se presentan en esta columna, manifestando nuestra gran preocupación y solicitando un debate público antes de cualquier decisión. El futuro ambiental de la ciudad y el respeto a los ciudadanos, así lo amerita.

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