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Opinión

  • Javier Fernandez Rivas | 2001/06/08 00:00

    La obstrucción del crédito

    No todos los trastos financieros que se rompieron en los 90 podrán componerse, pero algunas cosas ayudarían a poner al país nuevamente en movimiento.

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Hablábamos el otro día de la terrible situación en que quedó el crédito en Colombia después de ese triste episodio de 1992 a 1996 cuando los marcianos suplantaron a los directores del Banco de la República y emitieron como verdaderos alienígenas para inducir en cinco años una expansión de 350% en la cartera del sistema financiero. Y del fatal remate cuando los verdaderos directores, después de reconquistar la Junta, subieron hasta el cielo las tasas de interés, cuando todo el mundo tenía la deuda al cuello.



He inventariado el estropicio y metido los trastos rotos en tres sacos, según lo que se requiere para reparar lo que pueda salvarse. El caso más complicado es cuando la carga de intereses de la deuda, sin incluir amortizaciones, excede la capacidad de generación de ingresos netos del deudor o, lo que es lo mismo, el valor del activo en garantía. Antes del 2000 el saco estaba lleno con las deudas hipotecarias. Ya saqué de ahí muchas de esas deudas, que fueron reliquidadas, pero ahora el saco rebosa con créditos comerciales que también se volvieron impagables en las condiciones originales.



El caso de créditos que de repente se tornan masivamente impagables en ausencia de rebajas es una anomalía, asociada con la vigencia durante años de intereses absurdos que fueron capitalizados o pagados con más deuda, y con procesos de deflación y recesión general.



La solución es dolorosa y no la hace más fácil el que muchas personas no afectadas pero influyentes suelan adoptar dos posiciones cómodas. Una es criticar a los deudores y señalar que se están "aprovechando". Se lo oí decir a varios de mis colegas cuando, hace tres años, comenzó a discutirse la reliquidación de la cartera hipotecaria. Como si un deudor hipotecario, que durante años pagó al banco sumas mayores que lo que habría pagado en arriendo, pudiera "aprovecharse" entregando la vivienda en pago de su deuda. La segunda posición, frecuente en círculos profesionales, es exigir que se deje funcionar al mercado, que los deudores sean ejecutados y que los bancos incapaces de recuperar por esa vía lo suficiente para mantener su solvencia quiebren, sin recibir apoyos del Estado. Quienes defienden esa posición, sin reconocer que existe un problema general, no limitado a unos pocos deudores y entidades, me recuerdan al loco que decide no gastarle tiempo y esfuerzo a la curación del brazo infectado y opta por amputarlo, "para que aprenda".



Reparar los trastos rotos de ese primer saco exige medidas tipo capitalización bancaria, reliquidación de la cartera hipotecaria y Ley 550. Habría otras, pero no voy a ir sobre ellas porque apenas tengo espacio para tratar los otros casos.



El segundo saco contiene los deudores comerciales sin problemas de solvencia pero carentes de liquidez: los que no pagan porque no les pagan. El atoro en los pagos del sistema puede tener consecuencias fatales pues la falta de liquidez lleva a más y más empresas a atrasarse en sus pagos al sector financiero formal y a recurrir al mercado extrabancario, que acaba chupándoles la poca sangre que les queda.



Hace dos años, cuando existía un atoro todavía peor y teníamos una DTF 13 puntos por encima de la inflación, propuse que el Banco de la República le irrigara $1 billón a la economía, comprando dólares o adquiriendo títulos del Gobierno, a fin de desplomar las tasas de interés y descongestionar el mercado. Pero no se hizo nada hasta que, al final de 1999, el Banco por simple "error" (su temor a retiros de depósitos por el mítico "caos del año 2000", Y2K) en seis semanas echó a la calle $2,6 billones, 37% de la "base monetaria", con lo cual desplomó 8 puntos la DTF real y casi salvó la economía.



Por desgracia el Y2K quedó atrás, y no hay esperanza de que el Banco de la República salve nuevamente a la economía por error. Por ello me veo obligado a aplaudir que el Gobierno se endeude caro en el exterior y traiga esa plata para pagar parte de la deuda flotante de más de $5 billones que mantiene con los municipios y los contratistas, y que tanto contribuye al atoro general. Aplaudir, aunque sepa que lo que se requiere son pesos, no dólares, y que la traída de una suma excesiva de dólares podría inducir una nueva revaluación del peso, como la de la fatal época de los marcianos.



Finalmente, está el saco de los deudores comerciales que podrían atender los intereses corrientes de sus créditos pero son presionados por sus acreedores a reducir el saldo de sus deudas, sin que puedan efectuar una rotación normal. Son los miles de empresas que quedaron colgadas de la brocha cuando murieron los bancos con los que tenían relaciones. Y los otros miles a las que los bancos les exigen elevar las garantías simplemente para mantenerles los créditos. Porque, no nos digamos mentiras, después de años de hablar paja sobre la importancia de prestar sobre proyectos y no sobre garantías, la consigna de todos los prestamistas es exigir más garantías que nunca. Y eso precisamente cuando, después de una larga deflación de activos, no hay muchas más garantías que las empresas puedan ofrecer.



Además de evitar errores garrafales como sería pasar la cartera de créditos directos no corporativos del IFI a alguna entidad que no tenga capacidad o interés en renovarlos, me parece que este es un asunto en el cual el Congreso debería intervenir para diseñar mecanismos que les permitan a las empresas que estén atendiendo bien sus créditos prorrogar en forma casi automática los plazos. Un sistema que, a diferencia de la ley 550 (en la que hay que estar en mora para poder aspirar a los beneficios de una refinanciación) promueva la renovación de los créditos que se estén sirviendo adecuadamente, y solo en la medida en que se sigan sirviendo adecuadamente.

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