Opinión

  • | 2001/02/16 00:00

    La nueva ISA

    Capitalismo social, disminución patrimonial y dudas sobre financiación de nuevas líneas deben ser temas de reflexión.

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La venta de acciones de ISA es un gran precedente de capitalismo social, pero deja mucha preocupación por el precio y el futuro de construcción de líneas de transmisión de energía.



Vender un 27% de la empresa a personas naturales y a organizaciones sociales, mediante un reglamento que busca la apropiación democrática, abre una opción diferente a la contradicción entre la empresa estatal clientelista y la privatización tradicional.



Hay casos de electrificadoras corruptas que se privatizaron, ahora se protesta por las tarifas y algunos de los compradores iniciales vendieron a menor precio, salieron del país y crearon incertidumbre.



ISA, como entidad oficial, no ha tenido el virus de la politiquería y ha sido manejada con eficiencia y transparencia. Para adelantar una privatización social, se requiere confianza del grueso público, la cual surge del sano estado de la empresa en lo burocrático y financiero, también de su capacidad de garantizar retorno a los capitales que ingresen.



El acuerdo de los accionistas mayoritarios es una sana protección a los pequeños, que consolida la confianza en el proceso, el cual colocó, entre personas naturales y fondos de pensiones, la oferta final de 115 millones de acciones que corresponden a $101.200 millones, cuando la asamblea de socios había autorizado hasta 300 millones de acciones.



Tantas empresas de servicios públicos que están rezagadas, escasas de capital y afectadas por malos manejos, deberían mirar el modelo ISA, sanearse y emprender caminos de capitalización social, incluso con la promoción de la participación de los usuarios como accionistas, ojalá con porcentajes tarifarios que se devuelvan en bonos convertibles en acciones.



Lo preocupante de ISA es el precio. Un patrimonio estimado en unos US$737 millones quedará probablemente enajenado en US$347 millones o algo más. En el modelo de flujo de caja, no importan el patrimonio ni los usuarios, sino los ingresos, gastos, inversiones futuras, rentabilidad comparada y riesgo país, variable esta última que nos es desfavorable.



El tema debe pensarse de nuevo, porque vender baratas empresas del Estado buenas, sin problemas mayores, no recupera el costo, no resuelve el problema fiscal, tampoco el de deuda externa y no asegura, en este caso, la construcción de nuevas líneas que lleguen a necesitarse. Puede sobrevenir un movimiento de opinión que impida que el Estado efectúe inversiones para vender a la mitad.



Ojalá esta última duda la despeje el éxito que la empresa llegare a tener en las bolsas internacionales, que asegure el capital para la extensión del servicio.



Miraremos más adelante a ISAGEN. Que se tenga en cuenta quién y con qué se construirán las nuevas hidroeléctricas.
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