Opinión

  • | 1999/04/09 00:00

    Hay que atajar la crisis

    Si bien la situación económica viene mal de tiempo atrás, se requiere más acción gubernamental para superarla

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La economía está reclamando con urgencia medidas rápidas y creativas para frenar el proceso de crisis y evitar que las consecuencias sean mucho peores.



La refinanciación del upac y de los créditos del IFI es insuficiente para tonificar una economía con un 17% de desempleo, 600.000 nuevos entrantes por año al mercado del trabajo, y que en el primer bimestre muestra caídas del 12,1% en producción.



El ex ministro Edgar Gutiérrez puso en marcha fondos para financiar obras en ciudades con alto índice de desempleo. Con gasto público en descenso, tributación en ascenso y alta capacidad instalada ociosa, hoy se podría hacer algo semejante por medio de créditos del Banrepública al Gobierno, que éste trasladaría a las empresas, por intermedio de los bancos, para que puedan pagar sus deudas y recuperar su dinamismo. También ayudaría a mantener una tendencia a la baja de la tasa de interés, no fugaz sino estable.



No se puede sacrificar la vocación empresarial, el principal capital que aún le queda a Colombia.





Las medidas contra la crisis deberían ser más rápidas, como se hizo en países asiáticos que ya ven luz al otro lado del túnel. De no hacerlo, nos veremos sin pequeña ni mediana empresa, lo cual equivale a afectar la democracia y el potencial de soluciones sociales. Y también nos quedaremos sin empresarios ni trabajadores. Y sin bancos, que esperan imaginación oficial para eliminar el 2 x 1.000 a las transacciones interbancarias.







Por otro lado, aunque la acción de la presente administración en la lucha contra el contrabando ha sido valerosa, algunas de sus acciones en el campo fiscal son insuficientes para la recuperación y otras son contraproducentes.



Entre éstas últimas están aquellas que han incrementado la tributación, que es peligrosamente alta en el concierto competitivo internacional, con el surgimiento de agravantes como el impuesto catastral. El Gobierno Central posee la facultad de iniciativa legislativa para corregir este tributo, que en varios municipios alcanza ya niveles confiscatorios. Debería diseñarse una fórmula que distinga entre altos avalúos para la propiedad inmobiliaria especulativa y niveles razonables para inmuebles residenciales o destinados a actividades productivas. El maltrecho sector agropecuario no resiste el pago de prediales que ya llegan a situarse muy por encima de la realidad comercial y de sus ingresos.
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