Opinión

  • | 2001/04/09 00:00

    Cómo aplicar la ley 617 y humanizar los despidos

    Los funcionarios encargados de aplicarla deberían crear un "retén social" y ofrecer un programa de rehabilitación para el trabajo.

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La ley 617 impone un severo recorte de gastos de funcionamiento en departamentos y municipios. Ofrece la oportunidad de dos reflexiones: el empleo burocrático destruye el empleo real y en lugar de reducir el desempleo lo aumenta; y, la descentralización no puede gastar sus recursos en funcionamiento, al contrario, tiene que ahorrar para fortalecer la inversión social.



Los colombianos reflejan algún desinterés en la descentralización que puede tornarse en desencanto. La razón es una: los logros sociales han sido muy inferiores a las expectativas y el derroche, la politiquería y los casos de corrupción causan creciente preocupación.



Solamente la transparencia y los resultados de inversión social pueden devolver vigor al entusiasmo ciudadano con el esquema.



La norma es un paso para recuperar credibilidad y viabilidad a la descentralización; sin embargo, los recortes de personal que induce, llegan en un momento de no crecimiento del empleo productivo, lo cual, por falta de alternativas laborales, dificulta la situación de quienes son retirados.



La ley debe ser cumplida, humanizada y complementada.



Los funcionarios encargados de aplicarla deberían crear un "retén social" y ofrecer un programa de rehabilitación para el trabajo.



El "retén social" evitaría la desvinculación de mujeres cabeza de familia sin alternativa económica, de discapacitados y funcionarios próximos a obtener la pensión.



La rehabilitación para el trabajo debería incluir una indemnización, un programa académico o de capacitación técnica, que actualice y mejore posibilidades laborales, y la oferta de vinculación de la persona a las instituciones que desarrollen la ley de promoción y financiación de la pequeña y mediana empresa.



Es muy positivo que la norma reduzca los costos de las asambleas en un 36%, aunque se cometió el error de definir como salario y prestaciones la remuneración de los diputados, que debería ser honorarios más afiliación a la seguridad social. En relación con las contralorías, la reducción de costos es apenas del 25%. Debemos pensar en eliminarlas y sustituirlas por auditorías externas que costarían una décima parte y podrían lograr mayor imparcialidad. Las personerías deberían sustituirse por la presencia de la Procuraduría en todos los municipios sin interferencias políticas.



Gobernadores y alcaldes están obligados a racionalizar la administración. En vez de una unidad de asesoría agropecuaria por municipio, varios podrían contratar un servicio común con alguna entidad cooperativa o asociativa de profesionales o tecnólogos del campo.



La Nación recorta transferencias a las entidades locales y territoriales, les exige ahorros por medio de la ley 617, pero no da ejemplo. Es urgente la drástica reducción de gastos de funcionamiento del nivel central.
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