Prevenir y no lamentar

La Superintendencia de Sociedades ha sido tradicionalmente en Colombia la entidad de vigilancia con más empresas sujetas a su supervisión. Hasta este año más de 10.000 sociedades estaban obligadas a rendirle cuentas al Estado a través de esta Superintendencia.

Las constructoras de vivienda, las sucursales de sociedades extranjeras, las empresas con más de $1.000 millones de activos, las empresas cuyos socios fueran a su vez entidades vigiladas, los fondos ganaderos, las inscritas en bolsas de valores, las administradoras de consorcios comerciales, y hasta las empresas que tuvieran socios extranjeros, estaban sometidos a la vigilancia de esta entidad, con la consecuente obligación de rendir cuentas, enviar estados financieros, solicitar autorizaciones para cambios en estatutos y solicitar permisos de funcionamiento.

Camilo Alberto Gómez se posesionó como superintendente hace poco más de un año, con el pleno convencimiento de que las cosas debían cambiar. Su experiencia como gerente de la Edis en la época de la privatización está poniéndola en práctica en la reestructuración de la Superintendencia. De acuerdo con la concepción de Gómez, la Superintendencia de Sociedades no debe seguir siendo una entidad de vigilancia y control desde el punto de vista jurídico, sino que debe convertirse en una entidad de análisis económico, que emita señales de alerta cuando alguna compañía o sector de la economía empiece a mostrar dificultades. La esencia del gran cambio en la Supersociedades es que pasa de ser una entidad de vigilancia y control a nivel jurídico y económico, a ser una entidad de prevención a nivel económico.

Con estos cambios en la mira se emitió, dentro del paquete de decretos de modernización del Estado, el 2155 de 1992, que da un vuelco total a las funciones y a la planta de personal de la Superintendencia. El cambio en la concepción de la Superintendencia se refleja en medidas como estas:

- Se eliminaron los permisos de funcionamiento.

- La vigilancia de las empresas constructoras pasa a los municipios, según norma constitucional.

- Sólo algunas reformas estatutarias deben ser aprobadas por la Superintendencia: aquellas que consistan en la transformación, fusión, escisión, conversión de acciones, disolución anticipada y disminución de capital que implique un reembolso de aportes.

- También se suprime la obligación de informar la fecha, hora y lugar de las asambleas, así como la de enviar las actas de las asambleas y los balances, a menos que se soliciten expresamente.

- No se requiere la aprobación de los cálculos actuariales.

- Las compañías deben enviar únicamente a la Supersociedades los documentos que se le soliciten expresamente.

- La planta de personal se reduce de 570 funcionarios a 270.

- De 140 abogados se pasa a 40.

- A cambio de ello se fortalece el área de análisis económico y financiero.

- Las empresas que son vigiladas por la Superintendencia de Valores, salen de la órbita de vigilancia de la Supersociedades.

La Superintendencia ha pasado del concepto del permiso previo al control posterior, sobre todo en los actos jurídicos que aún requieren aprobación por parte de esa entidad. Ahora se presume la buena fe de los particulares. La meta es que de 10.000 sociedades que son vigiladas en la actualidad, pasen a serlo unas 1.000. Para que una empresa pase a ser vigilada se requerirá que presente persistente morosidad en la cartera del sector financiero, que los acreedores o ellas mismas así lo soliciten, o que en general, pertenezcan a determinados sectores de la economía que atraviesen situaciones particulares que merezcan su vigilancia. La Supersociedades conserva la facultad de solicitar estados financieros, lo cual es indispensable para llevar a cabo la labor de prevención.

La Superintendencia ya montó un sistema de alertas con base en indicadores financieros. Se sistematizaron los estados financieros de las empresas, se agruparon por sectores, y se calcularon los principales indicadores. En estos momentos, se puede consultar en una pantalla la salud de determinada empresa o sector de la economía. Cuando los indicadores financieros se colocan por encima o por debajo de referencias determinadas, se emite la señal de alerta. Con ello, por primera vez, se podrán prevenir los procesos concordatarios.

No todos están contentos con el cambio. La supresión de los permisos de funcionamiento ya está demandada ante el Consejo de Estado. Calladamente, desde su oficina en la avenida Eldorado, Camilo Gómez ha transformado a la Superintendencia de Sociedades en una entidad de prevención y divulgación de información, después de haber sido durante años, el coco de los empresarios en vigilancia y control.