Poniéndose en ambiente

La atención que la mayoría de los empresarios dan al tema ambiental suele concentrarse en las leyes y decretos que regularán la contaminación de la atmósfera o de los ríos. Pero a comienzos de un gobierno, la preocupación principal debe ser la política ambiental que fijará las reglas del juego de los siguientes cuatro años. El Ministerio del Medio Ambiente (Minambiente), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Conpes definirán la política ambiental que se presentará al Congreso dentro del plan de desarrollo.

La política ambiental determinará la orientación de la gestión de los recursos naturales y el ambiente. Se decidirá si el Estado se ocupará de la capa de ozono planetaria o del aire de las ciudades. O de ambas. Se dirá si el Minambiente será un preservacionista o un promotor del desarrollo y el manejo sostenible de los recursos naturales. Si será un perseguidor o un incentivador. O si tendrá una combinación de ambas funciones.

Sería inapropiado y muy difícil insinuarle al Minambiente y al DNP cuál debería ser esa política ambiental nacional. Pero podría ser de utilidad sugerirle cómo debería ser ésta, si se quiere servir el compromiso del país con su desarrollo sostenible.

La política ambiental nacional debería ser, en tres palabras, integral, realista y gradual. Al ser integral, se consigue orientarla hacia el desafío del desarrollo sostenible: un crecimiento económico fuerte basado en el uso eficiente de los recursos naturales y en una mayor equidad social. Para esto la política ambiental tiene que permear todos los sectores de la actividad productiva. Tiene que integrar los esfuerzos de las políticas sectoriales (energética, agropecuaria, industrial, etc.), haciéndolos factores positivos en su meta ambiental.

Es clave que la política ambiental sea realista. Primero, debe ser coherente con las capacidades del país. Sólo debe obligarse a cumplir lo que es posible para una sociedad que recién entra en la competencia internacional, y que tiene la obligación ética de un crecimiento económico con mejor distribución del ingreso. Es imperativo que ella sirva a otros objetivos como la mayor competitividad de los productores nacionales, la provisión de infraestructura moderna, vivienda, salud, etc. Segundo, es necesario que el Estado establezca la prioridad de sus objetivos

ambientales, porque los escasos recursos económicos deben asignarse según criterios de urgencia, importancia y eficiencia de la inversión. Tercero, una política

ambiental realista tiene que ser producto del conocimiento del inventario natural y del deseo político de asumir el costo de su manejo. No sería técnicamente correcto que la política de bosques se basara en los presentes estimativos de deforestación que van desde 300 hasta 800.000 hectáreas anuales. No sería conveniente que Colombia se comprometiera nacional e internacionalmente a proteger un número determinado de hectáreas, sin saber cuánto cuesta hacerlo. Y menos aún, que el cálculo de ese costo excluyera el esfuerzo de controlar la colonización espontánea en Urabá y Caquetá, o el impacto socioeconómico de limitar el aprovechamiento industrial maderero.

Si la política ambiental nacional es gradual será menos costosa y más efectiva. Cuando los cambios propuestos se programan graman siguiendo un itinerario razonable, el sector productivo puede diseñar el cumplimiento de acuerdo con su capacidad financiera y tecnológica. Igual aplica para los municipios, sujetos a menor preparación y mayor limitación económica. Aquí es crucial que la política se estructure en fases progresivas.

Pero la gradualidad no puede ir sola. Debe acompañarse por el seguimiento y la evaluación de cómo se cumplen los objetivos de cada fase. Si éstos se han dado, puede comenzarse la fase siguiente. Si no, la política debe revisarse atendiendo al grado de avance y a las posibilidades existentes luego del incumplimiento.

Este proceso de retroalimentación de información al Estado, permitirá a la política ambiental ser eficaz, evitando caer en la utopía.

Aunque estas sugerencias parecen sencillas y lógicas, la tarea del Minambiente, el DNP y el Coupes es muy compleja. Los próximos meses, el resto del sector público, el sector empresarial y la sociedad en general estarán pendientes. Y el tiempo apremia.