Irresponsabilidad fiscal

La aprobación del presupuesto nacional de 1995 por el Congreso fue a pupitrazo limpio. Con muy contadas excepciones como la del senador Juan Camilo Restrepo, los congresistas apenas se interesaron en una que otra "partidita" presupuestal de carácter regional. Pero no hubo un debate sobre el impacto macroeconómico del nuevo presupuesto y sobre todo, acerca de sus implicaciones sobre la inflación, la tasa de cambio, las tasas de interés y el crecimiento económico.

El presupuesto de 1995, tal como se aprobó, es peligrosamente deficitario. Es cierto que el anterior gobierno, especialmente en el frenesí de los meses finales, se impuso un impresionante ritmo de gasto, que era insostenible más allá de agosto. El nuevo gobierno aceptó esa realidad y frenó ese crecimiento, hasta donde eso era factible faltando pocos meses para terminar la vigencia de 1994.

Pero esa manifestación de seriedad fiscal del nuevo gobierno fue de muy poca duración. Por un lado, el presidente Samper empezó a ofrecer lo divino y lo humano en materia de gasto público con ocasión de cada visita fuera de Bogotá. Parece que sigue en campaña, pues la mayoría son promesas vacías como muchas otras que también hizo mientras era candidato, como por ejemplo el apoyo presupuestal a los metros de Bogotá y de Medellín. Y, por si esto fuera poco, el promeserismo fiscal se ha extendido al llamado Conpes, organismo presidido por el propio presidente de la República, el cual cada semana lanza un programa adicional de gastó público.

A todas estas, nadie se ha puesto a la tarea de sumar para luego establecer prioridades de una manera seria y responsable. La ocasión precisa para ello hubiera sido precisamente el presupuesto de 1995. Ahí tenía la ocasión el ministro Perry de demostrar que tenía las riendas del manejo económico en sus manos y que él, como rector de las finanzas públicas, empezaba ese arduo y difícil proceso de obligar a ponerlos pies sobre la tierra al resto de la administración pública, incluyendo al propio presidente.

Perry tomó el proyecto de presupuesto que dejó Hommes, le hizo algunos cambios cosméticos en materia de asignación sectorial y aprovechó la ocasión para subirlo de $16.9 billones a $17.5 billones. Pues bien, con ese aumento la situación fiscal del gobierno nacional pasaría de un superávit de 1.1% del producto interno bruto (PIB) en 1994 a un déficit de 3.4% del PIB en 1995.

Se podría argumentar, como lo hace Perry, que el superávit de 1994 se originó básicamente en los ingresos por las concesiones de telefonía celular y por la venta del Banco de Colombia y Corpavi. Eso es cierto por cuanto sin contabilizar esos ingresos se hubiera registrado en el presente año un déficit ligeramente superior al 2% del PIB.

Por otro lado, el actual gobierno sostiene que el déficit del año entrante más que se compensará con un superávit en el resto del sector público. En los cálculos altamente optimistas de Perry, casi todo el resto de la administración pública genera superávit al punto que en el balance final el sector público consolidado tendría un superávit final de 1% del PIB. Dicho sea de paso, la junta Directiva del Banco de la República dice que ello es insuficiente y que el superávit debería ser de por lo menos 1.7% del PIB.

¿Por qué son cálculos optimistas? Según el gobierno el Fondo Nacional del Café producirá un superávit de 1.3% del PIB bajo el supuesto de un precio promedio externo de 2.07 dólares la libra durante 1995. Actualmente el precio del grano está por debajo de ese nivel.

Adicionalmente se supone que la seguridad social arrojará un superávit de 1.3% del PIB, desconociendo las nuevas obligaciones que asumió el país con la Ley 100 de 1993. Los fondos de solidaridad en salud y pensiones que van a subsidiar a la población desprotegida y que deben entrar a funcionar a partir del año entrante, no tienen transferencias efectivas en el presupuesto nacional. Tampoco existe una partida presupuestal donde se contabilice la deuda que el gobierno adquirirá con los bonos pensiónales de quienes se trasladen a los fondos privados de pensiones. Se sobrestima, además, los ingresos del ISS por nuevas afiliaciones.

De otra parte, el gobierno espera que tanto ECOPETROL como el sector eléctrico generen un superávit de 0.5% del PIB y del 0.8% del PIB, respectivamente, ello no obstante que en ambos sectores se requiere aumentar sustancialmente los gastos de inversión. ECOPETROL estará en 1995 en la cima de sus gastos con el proyecto de Cusiana y el sector eléctrico deberá iniciar en firme su plan de ampliación de la capacidad generadora si lo que se quiere es evitar racionamientos hacia 1998. Y para rematar, el gobierno anunció que los precios de la gasolina y las tarifas de electricidad serán comodines en la negociación del pacto social. El presupuesto supone, entre otras cosas, un crecimiento real de las tarifas eléctricas superior a 4 puntos por encima de la inflación (¿aceptarán los sindicatos y la Andi?).

Tal como se puede apreciar, los estimativos del ministro de Hacienda son optimistas en una materia en la cual es peligroso serlo. Como se sabe, las presiones al gasto público son prácticamente infinitas y en nuestro ordenamiento institucional le corresponde al ministro de Hacienda ser "el malo del paseo-, por así decirlo, o sea quien pone algún orden en la casa, así eso implique contrariar a los ministros sectoriales (los llamados ministros del gasto como Obras Públicas y Minas y Energía), a Planeación Nacional y al mismo presidente de la República. Perry, hasta ahora, ha mostrado una alta dosis de complacencia al respecto, Con el agravante de que adorna su falta de firmeza con argumentos técnicos bien presentados que confunden a la opinión pública.

¿Como se va a financiar durante 1995 cl déficit del gobierno nacional del 3.4% del 1'113 y cuáles son sus consecuencias sobre el sector privado? La Ley de Presupuesto establece que el 45% del déficit se financiará con una colocación de títulos de la Tesorería (TES) por valor de $2.7 billones. Esto implicaría más que duplicar 1:4 deuda interna de la Nación y contribuiría a presionar al alza las tasas de interés.

Con este costoso endeudamiento de corto plazo se estaría comprometiendo los futuros presupuestos a partir de 1990. En palabras del senador Juan Camilo Restrepo: "Este esquema de financiamiento presupuestal excesivamente dependiente de las fuentes crediticias no será posible mantenerlo por mucho tiempo. O el país morigera el ritmo de crecimiento del gasto público del gobierno central, o tarde o temprano se verá abocado a nuevas reformas tributarias". Ya Perry anunció, contrariando otea de las vanas promesas del candidato Samper hecha durante el debate televisivo con Andrés Pastrana, que el alza transitoria de las tarifas del impuesto .i la renta de 37.5% y del IVA del 12% al 14% estipulada por el legislador en 1992, será permanente.

Aparte de la colocación de títulos de deuda interna, el déficit del próximo año también se financiaría con privatizaciones. Lo programado por este concepto asciende a cerca de $1.0 billón. El problema con esta partida es que este gobierno no cree en las privatizaciones y en el presupuesto no se determina cuáles son las entidades o servicios públicos que serán privatizados.

Y para rematar, la mayor parte de los recursos de crédito externo que financiarían otro $1.0 billón del déficit, son primordialmente de las entidades multilaterales de crédito (Banco Mundial y BID). Estos préstamos son de lento y complicado desembolso y la percepción que existe es que este gobierno está todavía muy lejos de armar proyectos o programas lo suficientemente serios como pura ser presentados rápidamente ante los directorios de estas entidades.

n resumen, se trata de un presupuesto deficitario y desfinanciado. En el fondo el gobierno está optando, con sus decisiones fiscales, por sacrificar crecimiento en el sector privado en aras de favorecer al sector público. El actual equipo económico está convencido de que las prioridades están en lo que llama el gasto público "social".

El rubro de "social" confunde más que aclara. Uno de los más graves problemas que tienen las finanzas públicas es que bajo gasto "social" se incluye una infinidad de partidas para pagar burocracia y anda más. Otro lastre es la corrupción e ineficiencia rampante en los sectores claves de educación y salud. El actual gobierno pretende aumentar este gasto, pero sin resolver estos problemas de eficiencia y corrupción que son los que evitan que los dineros públicos lleguen a los grupos verdaderamente necesitados de la población.

El impacto de un presupuesto deficitario y desfinanciado es el de presionar al alza las tasas de interés y acentuar la tendencia hacia la reevaluación del peso. Ambos efectos van en contravía del objetivo, case sí altamente "social". de reducir el desempleo. Como el gobierno empieza a plantear las cosas, sería el sector público el principal generador del empleo adicional. En otras palabras, mas burocracia y más dinero para dilapidar a costa de la iniciativa privada.