¿Gestos creíbles de paz?

Mientras los comisionados del presidente Samper recorren las montañas de Colombia explorando supuestos caminos de paz, y tras ellos el país se ilusiona, quiero recordar dos crudas realidades. La primera tiene que ver con la grave y abierta declaración de guerra contra las elecciones, hecha por las FARC. La segunda, atañe a los enormes recursos económicos acumulados por esta agrupación y por el ELN, para desafiar al país en una "guerra de posiciones" -etapa avanzada de la guerra que vivimos-.



A mediados del pasado mes de junio, al mismo tiempo que el jefe supremo de las FARC, Manuel Marulanda "Tirofijo", enviaba un comunicado con gestos de paz, uno de sus máximos comandantes declaraba algo muy distinto. En la entrevista otorgada por Joaquín Gómez, comandante del bloque sur de las FARC, al corresponsal de la revista Cambio 16, a raíz de la entrega de los soldados e infantes de marina en Cartagena del Chairá, aquél anunció que sus hombres van a "retener" -léase, secuestrar- a los candidatos que pretendan hacer campaña política en las zonas de influencia guerrillera. Por supuesto, entiendo que se trata únicamente de los candidatos inaceptables para el grupo subversivo, lo cual implicaría que quienes simpaticen con este grupo o se sometan a sus exigencias, no serán víctimas de tales molestias.



Cuando el periodista en tono inquisitivo le dice a Gómez que en esas condiciones "no hay posibilidades de que las campañas se desarrollen", éste responde con tres palabras explosivas: "Es prácticamente imposible"1.



En realidad, desde hace algunas semanas se conocía esta consigna de las FARC. Tengo a la mano algunas frases desafiantes de un comunicado emitido por otro bloque de la misma agrupación, esta vez el bloque caribe. Recordémoslas: "No queremos ver ni en pintura a ningún candidato, a ningún aspirante a la alcaldía, concejo, asamblea, gobernación, como tampoco queremos saber nada de aspirantes al Senado y a la Cámara. No vengan a echarnos el brazo por encima, a decirnos hipócritamente que son 'progresistas', que son 'demócratas' y tantas otras estupideces que suelen decir por estas épocas. No permitiremos, óigase bien, no permitiremos que ningún politiquero, gamonal, ni cacique, del color que sea, siga engañando al pueblo con su demagogia trasnochada y barata. Esta disposición se hará efectiva en las áreas de influencia de nuestros frentes guerrilleros en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Cesar y la Guajira"2.



Así, pues, el país está notificado: en gran parte del territorio colombiano, los alzados en armas no permitirán celebrar elecciones libres ni para alcaldes y otras autoridades locales y regionales, ni para Congreso, y presumiblemente tampoco para presidente.



Lo aterradoramente grave de estos textos es que, para mí, en este momento ellos son creíbles. No me impresiona el mensaje de Tirofijo, porque conozco el doble juego tradicional de la guerrilla. Más aún, la subversión parece estar apuntando a una jugada maestra: como las elecciones, ese eje insustituible de la democracia, tienen que celebrarse en los cerca de 1.050 municipios del país, el personal de la Policía y las Fuerzas Militares, tiene que repartirse en igual número de frentes. Dispersa, entonces, al máximo posible la Fuerza Pública colombiana, resulta muy cómodo para la guerrilla hacer hoy una "retención" aquí, otra allá al día siguiente, poner bombas en los puestos de votación, y otros actos terroristas similares.



Para apreciar mejor los alcances de la amenaza de las FARC conviene recordar el candente informe publicado hace poco por Semana, en el cual se habla de 138 municipios cuyos alcaldes tendrían "vínculos directos" con la subversión, y de otros 412 municipios donde los alcaldes "colaboran" con ella3. ¡Esa es la dimensión del desafío subversivo: impedir los comicios libres en medio país! Y lo quieren hacer aprovechando que los medios internacionales de comunicación se interesarán por la suerte de nuestras elecciones, como suelen hacerlo por similares eventos en todas las democracias. O sea, la guerrilla reta al país y espera demostrar su capacidad a la luz del mundo.



Ante semejante perspectiva caben tres actitudes: una, afirmar que esa perspectiva es exagerada. Dos, aceptar que puede ser realista, más aún, reconocer por adelantado el triunfo de los subversivos y tratar de acomodarse a la nueva situación -tengo la sensación que algunos grandes inversionistas, nacionales y extranjeros, se encuentran en esta tónica. Tres, reconocer que la amenaza es real, pero tomar todas las medidas extremas del caso para evitar que aquélla se cumpla, lo cual es precisamente lo que no veo quién esté haciendo.



No se está haciendo porque el presidente, su ministro de Defensa y otros de sus principales colaboradores, clasificarían en la categoría "uno" recién propuesta: parecen juzgar que la guerrilla puede golpear dos o tres municipios nada más. Y eso sería tolerable. Entonces, si el presidente no cree en la amenaza, hace sentido que esté hablando de un nuevo proceso de paz. Tanto más cuando que le arroja importantes dividendos políticos, porque muchos colombianos que no aprecian la gravedad del momento, le aplauden cuando habla de diálogos y de "políticas de Estado" para alcanzar la paz. La realidad puede desgraciadamente ser muy distinta: tal como yo veo las cosas, en lugar de engrandecerse con propuestas de paz, el presidente Samper podría llegar a figurar en la historia como el mandatario que le entregó medio país a la guerrilla.



Finanzas



Es desconcertante observar cómo noticias de una enorme trascendencia pasan sin suscitar el debate que ameritan, y sin que se tomen las medidas del caso.



Así sucede con el informe dado a conocer ya hace un buen rato, en marzo del año pasado, por el entonces comandante del Ejército Nacional, general Harold Bedoya. Según éste, los ingresos totales de la guerrilla colombiana en 1995 habían sido de $719.000 millones ($395.000 millones por parte de las FARC, $316.000 millones por la del ELN y $8.000 millones por parte de otros grupos subversivos menores)4.



Por otro lado, el número anterior de Poder & Dinero, en artículo de fondo sobre la efectividad de la Fuerza Pública colombiana, sostiene que la guerrilla trabaja con un presupuesto de $125.000 millones ($100.000 millones de las FARC y $25.000 millones del ELN). No dice la revista a cuál año corresponde este estimativo, pero en aras de una aproximación asumamos que es 1996.



Si relacionamos esta cifra con la de ingresos, dada por el general Bedoya -actualizada a valores de 1996, o sea, $873.000 millones-, tendríamos que la guerrilla obtuvo una utilidad cercana a los $750.000 millones.



Resulta entonces que, si estas cifras son correctas, las utilidades de la subversión serían comparables a las de nuestros dos máximos grupos económicos, el Sindicato Antioqueño y el Grupo Santo Domingo, y superior a las de cualquier otro grupo económico colombiano5.



Alguien podría poner en duda las cifras recién dadas, y eso, además de necesario, es urgente. Necesitamos verificar la validez de dichos cálculos, porque para unos pecan por exceso, pero para otros, por defecto. Para este fin sería muy útil que el Ministerio de Defensa comisionara a algún grupo independiente de expertos para que evaluara las estimaciones arriba presentadas, y luego diera a conocer públicamente sus resultados. Pero en el entretanto, no existen otras cifras serias distintas de las suministradas, y con ellas debemos trabajar.



Ahora bien, si tenemos en cuenta que la guerrilla ha venido acumulando utilidades al aparecer crecientes en los últimos años, cabe concluir de los datos recién presentados que el patrimonio subversivo podría superar los 4 o 5 billones de pesos -US$4.000 o 5.000 millones-, no muy lejos, de nuevo, del patrimonio del Sindicato Antioqueño o del Grupo Santo Domingo, y muy por encima de cualquier otro grupo económico del país.



Las cifras mencionadas resultan sobrecogedoras, pues sabemos que la subversión no las está repartiendo entre sus miembros, ni las está despilfarrando en cruceros y orgías de sus jefes, sino que las está guardando, más aún, las está invirtiendo productivamente. Surgen entonces, dos grandes interrogantes, para los cuales no se conoce respuesta confiable: ¿Dónde están invertidos esos ingentes recursos? ¿Para qué exactamente los está guardando la subversión?



En relación con estas preguntas, conviene recordar que hace ya algún tiempo se constituyó un comité interinstitucional sobre finanzas de la subversión, compuesto por representantes del Ejército, la Policía, el DAS, y no recuerdo si algún otro sector, cuya tarea es -según entiendo- la de responder a los interrogantes planteados. Lo grave es que hasta la fecha no lo ha hecho, o al menos no se conoce esa respuesta.



Mi sospecha es que los resultados de este comité son lánguidos, y me pregunto por qué. ¿No ha contado con los recursos técnicos y financieros del caso? ¿Tal vez no se consigue personal competente para una tarea tan compleja? ¿Será que las normas legales vigentes para este caso impiden esculcar en las cuentas bancarias y en otros sitios confidenciales? Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué está pasando en materia tan fundamental.



Se viene diciendo que la guerrilla ha realizado inversiones sustanciales en varios sectores de la economía -el minero, el de transporte, el agropecuario, etc.-, pero escasamente existen evidencias de ello. En realidad, es muy difícil esconder inversiones de una magnitud como la sugerida por el valor del patrimonio guerrillero arriba propuesto. Entonces, cumple pensar que gran parte de ese patrimonio se encuentra en el extranjero, y en tal caso, debemos preguntarnos qué está haciendo el gobierno nacional, en particular, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, para tratar de bloquear esos recursos.



En contra de los cantos de sirena que nos invitan a soñar con la paz, pregunto: ¿Será acaso posible que escuchemos con claridad una mortal amenaza contra la democracia colombiana lanzada por una subversión económicamente fortalecida y desafiante, y que no hagamos lo requerido?