El nuevo proteccionismo

Albert Gore, vicepresidente de los Estados Unidos, escribe en su no tan entretenido libro "La Tierra en la Balanza". que de la misma manera como los subsidios gubernamentales una industria particular pueden ser considerados desleales a la luz de la legislación comercial, la imposición débil o ineficaz de medidas de control de la contaminación, deben ser incluidas en la definición de prácticas comerciales desleales. Añade que especialmente a medida (fue los Estados Unidos intentan expandir los principios del mercado libre y estimular un comercio más libre y más justo a través de Latinoamérica, los estándares ambientales deben ser incluidos catre los criterios para decidir cuándo liberalizar los arregles comerciales con cada país. Las entidades de financiamiento internacional también son atacadas Según Gore. estas instituciones. establecidas con el propósito encomiable de "desarrollar" al tercer mundo, al ignorar LIS consecuencias ecológicas de sus proyectos de gran escala, han hecho frecuentemente más mal que bien.

El expediente de considerar como práctica comercial desleal el no tener los mismos estándares ambientales que Estados Unidos o Alemania, es racionalizado en la teoría económica con la expresión "externalización de costos". Los costos se externalizan si son pagados por otros, por ejemplo cuando los ciudadanos sufren molestias, olores desagradables y más enfermedades, debido a los contaminantes arrojados a un río por una industria. Disponer de sus residuos de manera tal que no produjeran contaminación ambiental, le hubiera ocasionado a esta industria unos costos extras, los cuales se dice que son internacionalizados, al ser asumidos por la industria que incurre en ellos. El no disponer de sus propias basuras es trasladar ese costó a otros, es decir, externalizarlos. Cuando los gobiernos de algunas naciones que siguen políticas de internacionalización de costos apoyan al mismo tiempo políticas de libre comercio con naciones que no intercionalizan sus propios costos, y que consecuentemente pueden ofrecer precios más bajos, el conflicto que se genera es claro: la competencia libre entre dos regímenes con sistemas diferentes de internacionalización de costos es injusta.

Aquí nos enfrentamos a una ignorancia de la realidad política. Las diferencias internacionales en cuanto a estándares ambientales son perfectamente entendibles: Aun si dos países compartieran los mismos objetivos ambientales, la polución específica que atacarían sería diferente, y de aquí, las industrias que controlarían no serían las mismas. México tiene un mayor incentivo social que los Estados Unidos al gastar más recursos previniendo la disentería, que preocupándose por el contenido de plomo en la gasolina. De la misma manera, un activo ambiental puede ser considerado más valioso por un país pobre que por uno rico. Es el caso, por ejemplo, de un lago en la India que está siendo contaminado por una compañía farmacéutica. El agua de este lago es bebida directamente por una población desnutrida, cuya mortalidad se incrementa con la contaminación del lago. En Estados Unidos, el agua de un lago no es bebida directamente por nadie. Si el lago y la fábrica estuvieran en Estados Unidos no habría muertos por la contaminación.

Muchas de las industrias en los países desarrollados se han visto sometidas a una fuerte competencia del exterior, y deben cumplir con normas ecológicas estrictas y costosas, que no se cumplen en los países menos desarrollados. Los primeros están presionando medidas proteccionistas por parte de sus gobiernos. Los países en desarrollo, que por lo general no tienen normas de medio ambiente estrictas, son considerados como culpables de subsidiar a sus exportadores a través de requerimientos ambientales laxos.

Hablar de países que subsidian sus exportaciones y proponer aranceles para contrarrestar estos subsidios es casi inmediato. El senador norteamericano David Boren ya ha propuesto un mecanismo para calcular el monto de estos aranceles. Boren dice que algunos fabricantes norteamericanos como la industria de las aleaciones carbón-hierro, gasta 250% más en controles ambientales como porcentaje del PIB, que otros países.

Hay que entender que existen conflictos genuinos entre el comercio y el medio ambiente. Para entenderlos y resolverlos hay que hacer una distinción entre dos tipos de problemas: aquellos que son intrínsecamente domésticos y aquellos que son intrínsecamente transnacionales. Si Brasil contamina un lago que está totalmente dentro de sus fronteras, el problema es doméstico. Pero si contamina un río que llega a Argentina el asunto sería transnacional. Los mejores ejemplos de contaminación transnacional son la lluvia ácida, creada cuando las emisiones de dióxido de azufre en un lugar de la Tierra, se precipitan como lluvia en otro lugar y los gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, que contribuyen al calentamiento global, donde sea que son emitidos. ¿Por qué cuestiones medioambientales eminentemente domésticas crean tanta preocupación a nivel internacional? La razón principal es la creencia de que la diversidad entre países en estándares de medio ambiente pueden afectar la competencia. Tanto patronos como sindicatos se preocupan de que sus rivales en otros países puedan tener ventajas si sus gobiernos imponen estándares de protección del medio ambiente bajos.

Este "dumping ecológico" va aparejado muchas veces con lo que se ha llamado "dumping social". Se dice que muchos de los países que son competitivos a nivel internacional logran estas ventajas manteniendo el nivel de vida de sus trabajadores muy por debajo del de sus contrapartes en los países desarrollados. Los ejemplos abundan: Nike está haciendo sus famosos y costosos zapatos deportivos en Indonesia, donde las mujeres trabajan 10 y 12 horas al día, por un salario equivalente a $38.000 al mes. WalMart, K-Mart y Sears, los grandes almacenes minoristas norteamericanos, confeccionan las camisas en Bangladesh, con mujeres que trabajan 60 horas a la semana y ganan menos de $30.000 mensuales. Los sindicatos en los países desarrollados culpan a este "dumping" de la recesión en sus países, y de la disminución continua de puestos de trabajo. Las multinacionales han logrado a través del libre comercio, dicen, burlar los estándares arduamente ganados por los trabajadores en los países desarrollados.

Los países de la Comunidad Europea, que temían este "dumping social" por parte de sus miembros más pobres -Irlanda, Portugal, España y Grecia-, adjudicaron a estos países los llamados fondos de cohesión, con el propósito ostensible de facilitar su integración al mercado común, pero a cambio de ello los países pobres se comprometieron a implementar el llamado Plan de Acción Social, que busca imponerles sus mismos costos sociales y laborales. Los países ricos del norte de Europa están felices, e ignoran incluso las violaciones más patentes a los derechos sociales, desde que esto no conduzca a una transferencia de empleo ni de inversiones a los miembros más pobres. Nadie ha salido a gritar "dumping social" en contra de Portugal, donde el trabajo infantil es endémico, simplemente porque los niños de Portugal no representan ningún peligro para los empleos norteños.

La verdad es que la competencia de los países en desarrollo es un mito, aunque bastante arraigado. La demanda por empleo no calificado en los países desarrollados ha estado disminuyendo a un ritmo constante hace más de 20 años. La innovación tecnológica en los países industrializados ha sido en realidad la primera causa de la disminución de la demanda de empleo no calificado. Los países desarrollados pueden cerrar sus fronteras al comercio con el mundo en desarrollo volviendo a su vieja confianza en los préstamos del Banco Mundial, y predicando el evangelio del libre comercio a los nativos, pero esto sólo servirá para exacerbar sus propios problemas de empleo. Los mercados de los países de altos salarios que más rápido están creciendo son los países de bajos salarios. Y son mercados grandes: más del 40% de la exportación de los Estados Unidos y de la CEE van a países en vías de desarrollo. En vez de ahogar sus crecientes mercados de exportación por cuidar sus últimos talleres artesanales, Europa y los EE.UU. harían mejoren tratar de proveer a sus ciudadanos con los incentivos y medios para adquirir las habilidades necesarias en economías desarrolladas.

Pero si el problema de la competitividad vuelve aliados a los industriales, sindicatos y ecologistas, estos últimos son bastante independientes en otros aspectos, ya que siempre están ansiosos de imponer sus preferencias éticas a los demás, y el uso de sanciones comerciales sirve a este propósito. Considérese, por ejemplo, el caso de la pesca del atún con redes de rastreo, las cuales ocasionan la muerte de numerosos delfines. Esta forma de pescar el atún recibe el rechazo total de los grupos ecologistas, que consecuentemente favorecen la suspensión de la importación de atún mexicano a Estados Unidos. Uno se pregunta si los oponentes de las redes de rastreo ponen los intereses de los delfines por encima del de los pescadores mexicanos que viven de la pesca del atún.

El tema de los delfines es importante porque marca un punto de partida. La hostilidad de los ecologistas contra el libre comercio se exacerbó a partir de 1992, cuando el tribunal del GATT dictó un fallo en favor de México, y en contra de los Estados Unidos y el bienestar de los delfines. Los Estados Unidos habían impuesto un embargo contra la importación de atún mexicano, basados en la forma de pesca utilizada. El panel del GATT legisló que los Estados Unidos no podían suspender los derechos comerciales de México, proscribiendo unilateralmente los sistemas mediante el que los pescadores mexicanos pescaban atún. Otro país que cayó en desgracia con los ecologistas en 1992 fue Noruega, país famoso por sus iniciativas en la protección del medio ambiente. El gobierno noruego decidió desafiar la moratoria internacional en la caza de la ballena minke. Según los noruegos, cualquier recurso que pueda ser explotado en una base sostenible debe ser explotado. Lo contrario sería desperdiciarlo. Y hay muchas ballenas minke.

Un caso paradójico en que una medida proteccionista resultó en un mayor daño al medio ambiente fue investigado por Roger C. Fenestra de la Universidad de California. Fenestra demostró como la imposición de restricciones en la cantidad de carros que los japoneses podían exportar a los Estados Unidos durante los años 80, resultó en un cambio de la composición de estas exportaciones de carros pequeños a grandes. Los japoneses trataron de aumentar el monto de sus ventas sin aumentar el número de unidades vendidas. Los carros grandes eran mucho menos eficientes que los pequeños en el .uso de combustible. Así, los esfuerzos proteccionistas de los Estados Unidos hicieron aumentar la polución producida por los carros importados.

Es claro que los ecologistas se oponen al libre comercio porque desearían utilizar las políticas comerciales para imponer sus valores sobre otras comunidades y países. Los valores que propugnan no son ampliamente aceptados, como lo son, por ejemplo, los derechos humanos sino idiosincrásicos. Una vez que tales valores se introducen en el libre comercio, se despeja el camino para una sucesión de demandas sin fin.

Los ecologistas favorecen a los delfines y a las ballenas, los hindúes a las vacas y los activistas cíe los derechos de los animales, que no tienen preferencias especiales, se oponen a los mataderos.

La militancia moral de los ecologistas en el mundo industrializado ha empezado a desilusionar a sus contrapartes de los países en desarrollo. Estos ecologistas locales acusan a los países ricos de "eco imperialismo" y les niegan el derecho al monopolio de la virtud. La más radical de las publicaciones proecologistas de la india, "Down to Earth", editorializó recientemente en uno de sus números que la triste realidad es que los países del norte están usando el comercio para disciplinar a las naciones que cometen pecados ambientales. Si la India o Kenia fueran a amenazar a Estados Unidos con suspender el comercio, difícilmente esto afectaría al Tío SAM. Pero la realidad es que son los países industrializados los que más han contribuido y siguen contribuyendo al deterioro del medio ambiente.

Los ecologistas también están preocupados por los obstáculos que las leyes presentes y futuras del GATT impongan a las regulaciones medioambientales de ámbito doméstico. El GATT reconoce tres formas en las cuales las regulaciones domésticas pueden resultar en restricciones gratuitas del comercio internacional. Primero, la verdadera intención y el efecto de una regulación puede ser proteger al comercio local y no al medio ambiente. Segundo, un país puede imponer restricciones más estrictas de las necesarias para alcanzar determinado objetivo ecológico, y tercero, puede imponer estándares que no tengan ninguna base científica.

El asunto de la intención quedó ilustrado recientemente con el arreglo de "la guerra de la cerveza" entre Ontario y los Estados Unidos.

Cinco años atrás la provincia canadiense impuso un impuesto de US$0.10 por lata a la cerveza, para desestimular el que se arrojara basura en sitios públicos. Los Estados Unidos arguyeron que la ley, de hecho, intentaba discriminar contra sus productores de cerveza, los cuales usaban latas de aluminio, mientras que las cerveceras canadienses usaban botellas. Ontario había omitido gravar con el impuesto el uso de latas para jugos y sopas, un paso que hubiera afectado a los productores locales.

En cuanto al segundo punto, si se presenta alguna reclamación un panel adjudicatario debe evaluar implícita o explícitamente las ventajas y desventajas entre el costo del daño comercial y el costo de un menor logro en los objetivos de medio ambiente. Es por lo tanto probable que los ecologistas y los expertos comerciales difieran en su apreciación de cuáles son los pesos específicos que el panel debiera asignarle a estos intereses divergentes. Considérese nuevamente el caso de la reclamación de México ante el GATT en el asunto del embargo a las importaciones de atún.

En cuanto al tercer punto, los ecologistas tienden a temerle atuso de pruebas científicas para determinar cuándo la comercialización de algún producto debe ser proscrita. La necesidad de probar el caso es siempre una carga desagradable para aquellos que tienen el poder político de emprender acciones unilaterales.

Es trágico que los proponentes de las dos grandes causas de los noventa, comercio y medio ambiente, estén trenzados en combate. Hay diferencias profundas que será difícil reconciliar. Los ecologistas ven a la naturaleza como autónoma, mientras que la mayoría de los economistas consideran a la naturaleza como un recurso de la humanidad.