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EL FUTURO DEL CONGRESO

El Congreso tiene que recuperar su credibilidad, porque a pesar de la mala prensa, es un valioso cuerpo de la democracia.

Rodrigo Losada Lora
1 de noviembre de 1995

Qué le espera a nuestra democracia cuando por lo menos 17 parlamentarios en ejercicio están siendo investigados por la Corte Suprema de justicia por posibles delitos de enriquecimiento ilícito y testaferrato? Y cuando, de resultar ciertos los rumores sobre Pallomari, ¿éste puede comprometer con evidencias a cerca de 90 de los 267 parlamentarios? Nunca en nuestra historia republicana habíamos llevado a semejante extremo de corrupción.

Sin embargo, hoy más que nunca conviene defender a nuestro Congreso. Si él se hunde, se vienen al suelo estrepitosamente todo nuestro andamiaje democrático y nuestras más caras libertades. Por lo pronto, importa mucho no generalizar, rescatar lo positivo que hay, y corregir expectativas e imágenes equivocadas.

Porque en los salones del Congreso al lado del político corrupto se sientan tres o cuatro que no lo son. Eso lo sabe, y lo puede constatar, quien sigue de cerca la trayectoria y los quehaceres de los congresistas. Allí está presente y actúa mucha gente valiosa, honesta, trabajadora, preocupada por el país. Prueba de ellos son varias de

las leyes aprobadas en legislaturas recientes, tales como el estatuto contra la corrupción, el Protocolo 11 de Ginebra, la Ley de la Seguridad Social, el estatuto de la planeación, el de la participación ciudadana, y el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros. Leyes que, si bien han sido gestadas en las dependencias de la rama ejecutiva, han sido discutidas libremente y aun mejoradas por los miembros del Congreso. Prueba de ello también es que repetidos intentos de los corruptos por aprobar proyectos de ley, o enmiendas -¡micos abiertamente favorables a los narcotraficantes, han sido derrotados. Si se examinan las grandes decisiones tomadas en Colombia en las últimas décadas a favor de los más desvalidos, la redistribución del ingreso y de la riqueza, los derechos humanos, el medio ambiente, el fortalecimiento de la justicia, la descentralización, la democracia participativa, el desarrollo económico, y otros muchos valores en los que creemos, esas grandes decisiones, prácticamente todas, han pasado por el Congreso Nacional y en él han sido consagradas mediante leyes o aun reformas constitucionales. Se sigue, entonces, que nuestro Congreso, a pesar de todos sus defectos, ha sido, y es, un poderoso gestor de nuestro progreso.

Si se reconstruye el proceso de cómo se llegó a construir una escuela, un puesto de salud, una vía de penetración, un puente, o una hidroeléctrica, por poner sólo unos ejemplos, con mucha frecuencia encontrará que detrás de estas obras hay un congresista intrigando a su favor. ¿Es eso censurable o, más bien, rescatable?

Sin embargo, lo que predomina en relación con el Congreso es una mala imagen. Por supuesto, no es gratuita, pero es injusta. Lo que pasa es que, en buena parte bajo la influencia de comunicadores de izquierda, por años ha estado de moda denigrar del Congreso, y muchos se han dejado arrastrar por esa onda sin darse cuenta del daño que se le hace a la institución central -más fundamental que la misma presidencia- en nuestro régimen político.

Por eso, mal servicio le hacen al país los comunicadores que generalizan sobre los miembros del Congreso, como si todos fueran de la misma laya. Y mal servicio le hacen también los que se dedican a resaltar los hechos censurables o vergonzosos, pero nunca, o casi nunca, exaltan sus logros. Tengo la fuerte sospecha de que, si tomamos los titulares de las noticias sobre el Congreso aparecidos en cada periódico nacional, o emitidos por cada noticiero radial o de TV, y contáramos las frases negativas y las frases positivas, en la mayoría de los medios examinados aquéllas excederían ampliamente a éstas. Alguien diría que esa es la realidad. Sin embargo, un examen más objetivo, apoyado en la totalidad de las mismas noticias emitidas, mostraría que hay más para exaltar que para censurar. Reconocer los méritos no implica tapar los defectos.

Qué aporte tan valioso, en cambio, le está haciendo hoy a la patria una Corte Suprema de justicia que, con paso aplomado, sin estridencias, no ha vacilado ya en despojar de su investidura a casi una decena de congresistas, y que, con el acucioso soporte de la Fiscalía, continúa escarbando en las andanzas de todos aquellos de quienes hay una sospecha razonable.

Cabe señalar, por otra parte, que muchos hablan del Congreso, y lo evalúan, con un desconocimiento enorme sobre cómo han evolucionado las funciones de los cuerpos legislativos en el complejo mundo contemporáneo, y cómo trabajan de hecho estos organismos en las democracias más maduras. Porque en éstas, por ejemplo, la tendencia de largo plazo ha sido hacia una pérdida de la iniciativa en materia legislativa, a favor de los órganos especializados con que cuenta el ejecutivo. En todas ellas el debate de fondo tiende a darse en comités o en subcomités, y casi nunca en plenarias. En ellas, transcurrido ese debate, en el cual suelen participar muy pocos, los proyectos de ley son aprobados a pupitrazo.

En las mismas, los legisladores constituyen una abigarrada multitud, en la cual unos poseen un alto nivel académico, en tanto que otros apenas pasaron, y con dificultad, por la universidad; unos se interesan y dominan los grandes problemas del país, pero otros sólo piensan en los de su región, o en los del electorado que los enalteció con su voto; unos se expresan con propiedad y elegancia, pero otros dan vergüenza.

En las legislaturas contemporáneas de Estados Unidos, Francia o Inglaterra, así como en las de otras épocas, y en cualquier otra democracia respetable, la práctica más frecuente por parte de los legisladores es condicionar su voto por los proyectos en trámite a la contraprestación de un colega o del ejecutivo. Es farisaico escandalizarse ante este hecho, porque todos a diario estamos condicionando nuestro respaldo a favor de algo, a cambio de un bien que deseamos. Lo cual no impide que los congresistas, o nosotros, en ocasiones también actuemos con desinterés.

El Congreso necesita acometer pronto una labor sistemática para demostrar con hechos extraordinarios su valía, y para lograr que su desempeño sea evaluado con mayor ecuanimidad. En este contexto tres problemas del momento le ofrecen una excelente oportunidad:

1. Ante las investigaciones de la Corte Suprema sobre algunos congresistas, en lugar de obstaculizarlas por un falso espíritu de solidaridad, cooperar con ella sin tapujos.

2. En relación con las medidas de orden público, adoptadas por el gobierno bajo el régimen de conmoción interior, hoy en el aire, aprobarlas en un lapso excepcionalmente rápido, porque la mayoría de ellas parecen realmente útiles y urgente.

3. A propósito de la investigación sobre la financiación de la campaña del presidente Samper, ventilarla de cara a la opinión pública, y tomar todas las medidas del caso para que la decisión final goce del mayor respeto. Lo cual, por cierto, no se logra cuando quien actúa como investigador trabajó en esa campaña a favor de la persona a quien él hoy investiga. Pero lo que más importa, es despojarse de un criterio estrecho, simplemente jurídico, para tomar la decisión de fondo buscando por encima de todo el bien de la patria.

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