| 10/1/1997 12:00:00 AM

Anticipo

Las modificaciones a la política petrolera venezolana comienzan a tener impacto en las decisiones de las autoridades colombianas. La junta de Ecopetrol ha comenzado a estudiar la propuesta de aplicación del modelo de subasta ensayado por Venezuela para atraer nuevos capitales para la exploración en campos de mayor riesgo. Esta sería una inteligente forma de romper con la usual restricción de participación del 50% que ha impuesto el tradicional modelo de adición. Ello abriría la posibilidad del desarrollo de nuevos campos de gas off-shore por muchos cientos de millones de dólares. Se conoce por lo menos de tres compañías que estarían interesadas en este esquema para campos en la Costa Atlántica.

Durante la segunda semana de octubre se cierra la recepción de propuestas para la concesión de la vía Puerto Salgar-Tobía Grande. Por un monto cercano a los US$400 millones, ésta constituye la propuesta más ambiciosa que el país haya emprendido jamás en la integración del sector privado a la construcción y mantenimiento de carreteras. También tiene importantes innovaciones financieras en el cubrimiento de riesgos para los constructores. La adjudicación se hará antes de terminar el año, cuando se espera que el Banco de la República haya resuelto de una vez por todas la incertidumbre que impone la Resolución 5 a los inversionistas por la monetización de sus recursos.



El éxito de la capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá ha comenzado a generar un efecto dominó sobre las electrificadoras del país. La semana anterior, el DNP llevó al CONPES un documento en el cual proponía avanzar en la capitalización y/o enajenación de Corelca y sus filiales, y las electrificadoras de Tolima, Nariño y Chocó, que son las que peor situación financiera han registrado por años. Sorprendentemente, el CONPES recomendó ir más allá, hasta alcanzar la aplicación de esquemas similares a las electrificadoras que se encuentran en situación financiera menos crítica. Es posible que antes de terminar el gobierno pueda llevarse a cabo otro negocio interesante.



La acción de cumplimiento, consagrada en el artículo 87 de la Constitución Nacional y reglamentada por la Ley 393 del 29 de julio de 1997, promete generar un enorme impacto en el funcionamiento de la administración pública y en la responsabilidad de los funcionarios públicos. La ley exige que los funcionarios cumplan las normas que les son aplicables en el desarrollo de sus funciones.

A pesar de que parece redundante, lo cierto es que con este instrumento los empleados públicos no podrán hacerse los de la vista gorda frente a las disposiciones legales. En los próximos días, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca definirá si el presidente del ISS está obligado o no a cumplir la ley 100 en dos aspectos fundamentales: la aplicación de cuotas moderadoras a los usuarios y la compensación de recursos con el Fondo de Solidaridad y Garantía. Con ello, casi cuatro años después de aprobada la ley, el Seguro Social se pondrá en igualdad de condiciones con el resto de las EPS.

Las tendencias a la reconfiguración institucional que se han presentado en la banca y el sector financiero en los últimos dos años tendrán su próxima manifestación en el mercado de los seguros. En los últimos días se han aumentado las demandas por consultores y bancos de inversión para preparar negocios.



Los sindicatos de salud ya fijaron la fecha para su huelga anual: el 6 de octubre. Exigen el cumplimiento de la nivelación salarial y eliminar la competencia en el régimen subsidiado con el fin de garantizar el monopolio a las secretarías departamentales. El presidente Samper dejó a la ministra de Salud por fuera de la comisión de negociación del gobierno, y delegó esta tarea en Iván Moreno (ministro de Trabajo) y Alonso Gómez, quienes como vice-ministro y ministro de Salud al comienzo del gobierno impulsaron los decretos que hoy los sindicatos exigen cumplir. En el período preelectoral, el gobierno de la gente ha decidido financiar las aspiraciones sindicales con recursos por más de $100.000 millones que la ley 100 había destinado para ampliar la cobertura de seguridad social de la población más pobre. El entierro de segunda parece seguir su marcha.



Con la renuncia del ministro José Antonio Ocampo el nuevo contrato cafetero podría quedarse en el aire. El Ministerio de Hacienda acaba de pasar una propuesta a la Federación de Cafeteros sobre los términos del nuevo contrato. El tema más controversial es el ingreso que recibe la Federación por la administración del Fondo Nacional del Café. Actualmente se cobra un valor fijo y pasarían a fluctuar con los ingresos de la contribución cafetera. Esto ataría el tren de gastos de la Federación a la suerte del café. La propuesta ya ha generado un debate mayúsculo dentro de la Federación. Sin Ocampo, ¿quién va a defenderla por parte del gobierno?

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