| 11/1/1997 12:00:00 AM

Ancla amenaza irse a pique

La empresa cervecera de la familia Ramírez Sánchez se mantiene a flote en medio de grandes dificultades.

No saber administrar el éxito puede costarle a una empresa su permanencia en el mercado.



Cervecería Ancla, con sólo tres años de operaciones, enfrenta por esa razón la última etapa del proceso concordatario que se inició en octubre del año pasado.



Después de los tropiezos económicos que ha sufrido durante 19 meses, las entidades financieras esperan que Hernando Ramírez Sánchez, propietario y fundador, acceda a entregarles más del 80% de sus acciones para sanear los pasivos de la empresa y evitar la liquidación.



Mientras Ramírez se decide, la Superintendencia de Sociedades se alista a tomar cartas en el asunto pues Ancla está paralizada desde hace cuatro meses y, de acuerdo con la Ley, al no cumplir su objeto social se encuentra en causal de liquidación.



La situación de la cervecería, cuya marca ahora le pertenece a la empresa International Brewery Business Incorporated Inc. (IBB Inc.) también de la familia Ramírez, es muy similar a la que afrontan muchas de las 70 empresas que han entrado en concordato este año y las otras 64 que se hayan en liquidación, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Sociedades.



Endeudamiento excesivo, alto costo del crédito y períodos muy cortos para amortizar las deudas contraídas durante los años 1995 y 1996 son las causales más comunes que alegan los empresarios a la hora de iniciar estos procesos.



Pero detrás de esas razones se detectan también fallas en las proyecciones financieras y en el manejo administrativo de las compañías, factores que ningún gerente admite cuando debe justificar los descalabros. En el caso de las empresas familiares, los problemas a veces son peores pues a la hora de decidir los cargos más importantes cuentan demasiado los lazos de sangre.



Cambios estratégicos



En Ancla la buena acogida de su producto Premium, una cerveza fuerte con 4,8 grados de alcohol, fue el espejismo que involucró a la familia Ramírez en el ensanche de la planta ubicada en Mariquita (Tolima) a finales de 1994, cuando recién habían iniciado labores.



La meta era elevar la producción mensual de 2 millones a 15 millones de botellas.



Las inversiones demandadas se acercaron a los $12.000 millones, de los cuales la familia asumió el 70% mientras que el otro 30% se obtuvo de préstamos con Credisocial, Coopdesarrollo, Cupocrédito, el Banco de Colombia y el Banco Popular.

A pesar del optimismo de los socios, a comienzos de 1996 la falta de capital paralizó por primera vez las actividades en la planta y se inició un proceso de negociación con los acreedores para evitar el concordato.



En abril de ese año se logró un acuerdo para inyectarle a la fábrica $1.560 millones de capital fresco y refinanciar sus pasivos financieros a un plazo de seis años y un interés DTF más ocho puntos.



Pero la demora por parte de la administración de la empresa en la constitución de garantías retrasó hasta septiembre la entrega de los dineros, cuando las necesidades acumuladas eran muy superiores a los recursos aprobados meses atrás. Esta situación, unida a las denuncias sobre malos manejos administrativos de la firma, hicieron que la junta de acreedores pidiera a la Supersociedades la admisión en concordato. El proceso concursal se inició el 15 de octubre mediante el auto 4106105172 y con él se quedaron embodegadas ocho millones de latas con las que se pensaba lanzar al mercado la Premium de 355 centímetros cúbicos.



Ha transcurrido un año y según el presidente de la junta de acreedores, Ramiro López, quien representa a Corfipacífico, a pesar de la crisis de la cervecera se han logrado varias cosas. Por un lado, Hernando Ramírez constituyó un fideicomiso de administración sobre el 51% de las acciones de Ancla y además aceptó dejar la gerencia, que fue ocupada por el banquero Jorge Sánchez, ex presidente de Corfidesarrollo. Con Ramírez también renunciaron sus tres hijos.



Y por último, se reformó la composición de la junta directiva, la cual cuenta ahora con tres representantes de los acreedores y dos de la familia Ramírez Sánchez, el mismo Hernando Ramírez y Gildardo Ortega, ex presidente de Maizena.



Estos cambios estratégicos en el mapa administrativo de la cervecería junto con los positivos resultados de un estudio de consumo que contrató la junta de acreedores han mantenido la compañía a flote, pues la aceptación de Ancla es tan buena que ya está sobre la mesa la propuesta de los distribuidores de Gatorade para comercializar la cerveza en 120.000 puntos de venta.



Queda aún por resolver el tema de la propiedad de la marca que por decisión de Ramírez le pertenece a IBB Inc., cuya sede queda en la Florida y cuenta con el hijo de Hernando Ramírez como representante y vicepresidente. De acuerdo con el contrato, el derecho de uso lo adquirió mediante cesión otorgada por Suramericana de Licores Ltda. y la sociedad Cervecería Ancla podrá utilizarla mientras subsistan los créditos concordatarios a cargo de la compañía.



Es decir, la compañía debe pagar el equivalente a $12 millones mensuales para poder utilizar el nombre en sus productos. Dentro del acuerdo concordatario que se proponen realizar los acreedores, se exigirá que la marca vuelva a ser propiedad de la cervecería para poder así, "anclarla" al proceso de reactivación.

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