| Foto: Conexión Congreso

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Buscan legalizar viviendas

Cerca de 2 millones 500 mil familias colombianas que viven en un predio –público o privado- sin titulación, podrían legalizarlos, de aprobarse el proyecto de ley que, este miércoles, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes la bancada de Cambio Radical.

10 de octubre de 2018

César Augusto Lorduy Maldonado, representante a la Cámara por Atlántico, explicó que el proyecto busca legalizar la vivienda a personas de bajos recursos que se han asentado ilegalmente en terrenos públicos o privados.

“Hay una población vulnerable que se ha apoderado de estos terrenos los cuales han estado por años abandonados por sus verdaderos propietarios. Estas personas con sus propios recursos han construido sus viviendas y muchas de ellas han instalado negocios pequeños formando una comunidad. Llegó la hora de dar solución a este problema y hacer la correspondiente titulación a favor de las familias que habitan estos lugares”, indicó el Representante del Atlántico.

Dijo Lorduy a Conexión Congreso, que aunque Barranquilla es pionera en legalización de predios, aún falta mucho caminos por recorrer, y en ciudades como Cali, el 60% de los predios no han sido legalizados. Este fenómeno nacional se ha visto detenido, por los programas de vivienda de interés social del gobierno, sin embargo son muchos los barrios que no pueden verse beneficiados de servicios básicos, por su carácter de ilegalidad.

La iniciativa, busca legalizar también la titularización de predios públicos o privados, para aquellas instituciones religiosas, instituciones educativas, culturales, comunales o de salud  que estén ilegalmente asentadas.

El proyecto establece la titulación de predios públicos y privados (en el caso de privados que hayan sido ocupados ilegalmente hace más de 10 años) y en donde las familias hubieran construido sus viviendas.

Explicó el representante que si el predio es privado, las condiciones son que las familias tengan más de 10 años de estar ahí y que no haya sido reclamado por sus propietarios. El predio será objeto de una expropiación administrativa, pagándole solo el 10 % de su valor comercial.

Y, si el predio es público, con el proyecto, se busca establecer la titulación,  independientemente de la calidad, del valor y del uso de la vivienda (aquellas que tienen un salón de belleza, una  modistería, pero las personas viven en el mismo lugar y la ley hoy no permite su legalización)

También, está el caso de bienes de usos comunales como escuelas, parques, servicios de salud que se han venido construyendo en esos lugares que no están  legalizados. Con este proyecto, se busca entregarles título de propiedad a las familias y a estas comunidades, también se legalizan los barrios y facilitando que los municipios y distritos puedan invertir en servicios públicos  para que las comunidades tengan una vida más digna.

Para Lorduy, con la titulación se garantiza la implementación de  los programas de servicios públicos esenciales en caso de que no se cuente con ellos, tales como: instalación de la infraestructura de servicios públicos básicos como el agua, energía eléctrica, gas natural, construcción de instituciones educativas, y de salud, comunales y de servicios.

“En otras palabras, a esas personas se les apareció la virgen, porque esos barrios nunca los van a poder desalojar y esos propietarios jamás hubieran podido ver ninguna suma de dinero por la pérdida de predios que fueron ocupados hace muchos años”.