| 1/19/2007 12:00:00 AM

Reformas. La salud en 2007

Las EPS recibieron con disgusto las restricciones a la integración vertical aprobadas por el Congreso. En 2007, algunas tendrán que acomodarse al límite del 30% y los profesionales de la salud tendrán que empezar a certificarse.

El año 2007 es crucial para el sistema de salud colombiano. Primero, el límite impuesto por la reforma a la Ley 100 a las EPS para no contratar más del 30% de sus compras y servicios con su red propia de IPS, obligará a aquellas aseguradoras que tienen un alto nivel de integración a reformar su estructura de prestación de servicios en el lapso de un año.

Segundo, el proyecto que regula el talento humano en salud y que está a punto de ser Ley de la República, le permitirá al gobierno controlar la calidad de la oferta educativa en salud y exigir ciertos requisitos académicos y administrativos para ejercer cualquiera de las profesiones relacionadas con el sector. Por último y sin olvidar la reestructuración del Instituto de Seguros Sociales, que también se realizará este año, el gobierno espera que en febrero la Corte Constitucional emita una sentencia que busca unificar las interpretaciones de los jueces frente a las tutelas.



El límite a la integración vertical: hablan las EPS

Si bien en su propuesta inicial el gobierno había planteado un máximo de 50% de integración vertical, el Congreso lo dejó en 30%, una noticia que las EPS recibieron con disgusto, aunque para algunas esta restricción no signifique cambio alguno. Roberto Cocheteux, presidente de la Organización Sánitas en Colombia, asegura que aunque la EPS Sánitas no se ve afectada en absoluto pues no tiene ninguna clínica propia —Clínicas Colsánitas es una empresa con personería jurídica independiente y la dueña de las clínicas—, "la ley sí puede perjudicar a los afiliados del régimen contributivo porque en Colombia existe una deficiencia de camas y la calidad de los servicios prestados por algunas clínicas y hospitales es muy regular".

Mauricio Vélez, presidente de Susalud, tampoco está de acuerdo con los resultados de la reforma, aunque la EPS que dirige solamente tiene un porcentaje de integración del 13%. "Recibimos la ley con gran preocupación, pues es una clara muestra de que en este país se siguen haciendo modificaciones desde la óptica de los actores interesados. El límite a la integración es una victoria de la posición de las clínicas y los hospitales pero no obedece a ningún análisis técnico ni concienzudo", dice Vélez.

Por su lado, Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, una de las EPS con mayor nivel de integración vertical —50%—, asegura que la reforma es un golpe a la estabilidad jurídica. "La Ley 100 les permitió a las EPS prestar sus servicios con su propia red de prestadores y bajo esa premisa se ha venido desarrollando el sistema. Es absurdo que ahora vengan a cambiarnos las reglas de juego". Palacino agrega que Saludcoop buscará mediante algunas operaciones financieras que el nivel 1 de su red —que incluye la consulta médica general y la consulta odontológica— pase a manos de las otras EPS que forman parte del grupo, como Cruz Blanca o Cafesalud, que tienen menores niveles de integración. Sin embargo, todas las clínicas quedarán bajo su control. "No se afectará su servicio ni habrá efectos sobre la operación y el funcionamiento de ellas", afirma.

Según Diego Palacio, ministro de Protección Social, "en el país nunca ha habido mecanismos claros para regular la posición dominante. Por eso, la integración le ha generado tanto daño al sistema". La reglamentación de la ley obligará a las EPS a hacer públicas las tarifas a las cuales contratan los servicios y no les permitirá utilizar los recursos que reciben por la unidad de pago por capitación —UPC— para la construcción de infraestructura.

Para Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, los más beneficiados con el límite a la integración son los usuarios, pues tienen la libertad de escoger de la red de hospitales y clínicas que hay en el país, sin limitarse a lo que ofrecen las EPS. "Las redes de las aseguradoras en muchas ocasiones no pueden ofrecer servicios especializados que sí se prestan en la red hospitalaria. Las EPS no tienen nada qué perder. Simplemente, tendrán que hacer un mayor esfuerzo para tener mejores negociaciones con los prestadores de salud", puntualiza.



Los profesionales de la salud

Aunque el proyecto que dicta disposiciones en materia de talento humano en salud fue aprobado por el Congreso a finales de 2005, el gobierno objetó algunos de sus artículos al principio de 2006 y la Corte hizo su revisión durante el segundo semestre. Por eso, volvió al Congreso y se estima que sea aprobado al iniciar el segundo período de la legislatura.

Según Juan Carlos Trujillo, director general de análisis y política de recursos humanos del Ministerio de Protección Social, "la creación del Consejo Nacional de Talento Humano en Salud permitirá tener actualizados los criterios de calidad para la acreditación de los programas de formación en el área. Por otro lado, los profesionales de la salud tendrán un plazo de 3 años para certificarse mediante la inscripción en el Registro Único Nacional y la acreditación de sus títulos universitarios. Además, deberán recertificarse ante los colegios profesionales". Los períodos de validez de estas certificaciones se harán expresos en la reglamentación que haga el Ministerio de Protección Social.

Carlos Francisco Fernández, asesor médico de la Casa Editorial El Tiempo y miembro de la junta directiva del Colegio Médico Colombiano, dice que la ley —que fue impulsada por los mismos médicos en el Congreso— representa un gran avance, desde el punto de vista académico. "En Colombia, aunque no hay una superpoblación de médicos, sí hay una proliferación desproporcionada de profesionales de la salud que no están debidamente capacitados para ejercer. Así, la recertificación garantiza la calidad de la salud de la población, que es el fin último de estas reformas".



Tutelas

En cuanto al tema de las tutelas, el gobierno está muy optimista con la sentencia de la Corte que unificará la interpretación de los jueces. Mientras en 1999 se pagaron $4.000 millones por ese concepto, este año se pagarán $150.000 millones, con graves consecuencias para el fisco. Sin embargo, para Mario Páez, presidente de Cafesalud, el tema de las tutelas no es tan sencillo. "Si no se amplía totalmente el contenido del Plan Obligatorio de Salud, las tutelas seguirán presentándose porque las EPS no pueden atender lo que no está incluido en el mismo y el único mecanismo para atenderlas es recobrarlas al Estado".

Las modificaciones al sistema de salud introducidas en la ley recientemente aprobada y en la que está en trámite en el Congreso representan un giro radical en la forma en que EPS y profesionales están participando en este mercado, y la forma en que las reglamente el gobierno determinará la dureza con que se implementarán las medidas. La otra carta que se debe jugar la administración es la reestructuración del Seguro Social, una decisión que debe estar lista en los próximos meses.

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