| 5/29/2006 12:00:00 AM

TLC y privatizaciones en la recta final del primer mandato Uribe

El presidente, Alvaro Uribe, reelegido ayer para un nuevo período de cuatro años, tiene pendiente antes de terminar su actual mandato, firmar el TLC con EEUU, llevar al Congreso una reforma tributaria y hacer varias privatizaciones.

El TLC, cuya negociación finalizó en febrero pasado, será firmado por Uribe y su homólogo estadounidense, George W. Bush, en Washington hacia mediados de este año, según lo previsto, una vez queden aclarados algunos textos de la negociación en el tema agrícola, el más sensible en ese tipo de acuerdos.

Luego, el texto del tratado será llevado a los legislativos de ambos países, que en el caso colombiano corresponderá al nuevo Congreso, elegido el pasado 12 de marzo y que asume el próximo 20 de julio, en el que Uribe tiene una significativa mayoría para su aprobación.

El TLC, que en Colombia requiere además de la validación por la Corte Constitucional, sucederá el 1 de enero del 2007 al actual régimen de preferencias arancelarias (ATPA/DEA), otorgado unilateralmente por EEUU al país y a otras naciones por su lucha contra el narcotráfico y que vence el 31 de diciembre de este año.

El nuevo Legislativo será el escenario en donde el Polo Democrático Alternativo (PDA), de la izquierda colombiana, cuyo candidato, Carlos Gaviria, obtuvo la segunda votación en los comicios de ayer, inicie su anunciada oposición al segundo mandato de Uribe, ya que se opone a la firma del TLC.

Pero también, antes del 7 de agosto, cuando termina el primer mandato de Uribe, se prevén las privatizaciones de Bancafé y de la Empresa Colombiana de Gas (ECOGAS) y definir el inversor estratégico para la refinería de Cartagena, propiedad de la estatal Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).

La enajenaciones están previstas en los acuerdos sucesivos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), suscritos desde 1999, el último de los cuales data del 13 de abril del 2005, y finaliza en noviembre entrante.

El Gobierno ha manifestado al FMI su decisión de terminar la relación de siete años bajo los condicionamientos del organismo, una vez finalice el actual acuerdo de contingencia.

Sobre la reforma tributaria en ciernes, aún no hay claridad del contenido, pero se sabe que disminuirá la tarifa del impuesto a la renta, abolirá exenciones, ampliará el impuesto al valor añadido a todos los bienes y servicios, y creará un mecanismo de devolución de este gravamen a los más pobres.

El nuevo gobierno de Uribe y el Legislativo deberán abocar también una reforma constitucional al actual régimen de transferencias de la Nación a los municipios, que vence en el 2008, para garantizar la viabilidad de las finanzas públicas a futuro.

El actual régimen, que es de carácter transitorio, fue creado en el 2001 para minimizar los efectos fiscales de la grave crisis de la economía colombiana de finales del siglo pasado.

El país dejará de depender de las exigencias del FMI pero, pese a que se ha logrado un equilibrio en sus finanzas públicas consolidadas, el Gobierno central mantiene aún un significativo déficit, lo que, según analistas, requiere mantener una gran disciplina fiscal.

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