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Reacciones encontradas por nuevas reglas petroleras en Ecuador

En una sorpresiva decisión, Correa dispuso el jueves en un decreto una nueva fórmula que afecta a las "ganancias extraordinarias" de las empresas derivadas de los altos precios del petróleo en el mercado internacional, donde el crudo ecuatoriano se vende en promedios de 61 dólares.

8 de octubre de 2007

Quito.- El presidente Rafael Correa impuso nuevas reglas de juego al sector petrolero, lo cual para unos significa endosar el futuro del país en esa área y para otros una acción necesaria para reivindicar los intereses nacionales.

La nueva fórmula del gobierno señala que tales ganancias deben ser repartidas en un 99% para el estado y un 1% para las empresas, lo cual afecta a los montos adicionales pactados en los contratos suscritos en la década de los 90, cuando las empresas y el gobierno acordaron precios entre 25 y 30 dólares por barril de crudo, que incluían una utilidad razonable.

Entre las más importantes, las compañías afectadas son: City Oriente, de Estados Unidos; Repsol, española-argentina; Petrobras, de Brasil; Perenco, de Francia; Andes Petroleum, de China; y Canadá Grande, de Corea. El ministro de Energía, Galo Chiriboga, había invitado a los gerentes de las empresas afectadas a una reunión el lunes, pero no acudieron al llamado y tampoco han hecho pronunciamientos públicos de ningún tipo.

Chiriboga señaló que "me han dicho que tienen que consultar con sus empresas matrices". Argumentó que "la decisión del estado ecuatoriano no modifica en absoluto los contratos". Añadió que se ha dispuesto una auditoría de los contratos suscritos entre el estado y las petroleras desde 1996.

Previamente, había advertido que si las empresas no acuden "mantenemos el sistema contractual que tenemos ahora y lo proyectamos hasta el tiempo que ellos tienen de vigencia del contrato" y que si los cambios no les parece convenientes, las petroleras pueden negociar otro tipo de contratos.

El analista petrolero Jorge Pareja dijo a la AP que "es una muestra clarísima de que el gobierno considera innecesaria o no deseable la inversión extranjera, porque lo que hizo es contribuir a la inseguridad jurídica y contractual".


"Es una señal estatizante y nacionalista", dijo.

El presidente de la Bolsa de Valores de Quito, Patricio Peña, señaló en radio Quito que "se trata de una decisión legal ... pero al mismo tiempo me parece que se trata de una decisión inconveniente en la medida que lo que hace es exacerbar los ánimos".

El analista Luis Calero expresó a la AP que "se trata de forzar a las empresas para que se sienten a discutir y negociar nuevos términos de los contratos, porque de la manera como estaban, daban grandes beneficios para las empresas y el estado no estaba siendo beneficiado por la explotación de su petróleo".

El ex ministro de Economía, Mauricio Pozo, dijo a la AP que ningún inversionista "va a sentirse seguro en un país donde no hay una política abierta para encontrar soluciones". La nueva disposición permitirá al estado ingresos no programados por 69 millones de dólares mensuales a partir de noviembre y un total anual de 828 millones de dólares. El petróleo es el principal producto de exportación de este país, que diariamente produce alrededor de 514.000 barriles de crudo.

En su habitual cadena de radio de los sábados, Correa advirtió que "si empiezan a molestar, hago un nuevo decreto diciendo que el 100% de esa utilidad extra es para el estado".

Los acuerdos vigentes establecen que las empresas pueden extraer y exportar crudo. Los nuevos contratos sugeridos señalan un pago por la explotación de petróleo, pero la exportación será del estado.

 

 

AP