Proceso contra ex presidente Uribe entra en punto muerto

Bogotá - La solicitud fue presentada por los defensores de Uribe el lunes ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la única instancia que según las leyes colombianas puede investigar a altos funcionarios y exfuncionarios como el presidente, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la nación.

Los abogados de Uribe dijeron que esperan que su solicitud sea discutida y resuelta para la próxima semana para que el proceso siga adelante. Sólo un visto bueno de la Comisión, en un voto por mayoría de sus 15 miembros, puede abrir paso a que el pleno de la Cámara de Representantes, también por mayoría de sus 166 congresistas, autorice o no un enjuciamiento del exmandatario ante la Corte Suprema.

La Comisión de Acusación, conocida por la lentitud de sus procesos, aún no decide si abre una investigación formal contra el exgobernante, esto es, si lo cita a una indagatoria.

La petición de los defensores de Uribe (2002-2010) se basó en recientes declaraciones del congresista Alfredo Bocanegra, uno de los 15 miembros de la Comisión, quien sostuvo que él no sería "el Heyne Mogollón que tuvo (el también ex presidente Ernesto) Samper".

Mogollón fue el investigador de la Comisión que a mediados de los años 90 tuvo Samper (1994-1998) en el proceso que se le siguió por el ingreso a su campaña electoral de dinero del narcotráfico. La investigación a Samper fue archivada por petición de Mogollón.

"Con ese tipo de comentarios, Bocanegra no tiene un ánimo sereno para adelantar una investigación imparcial", dijo en diálogo telefónico con AP Jaime Granados, uno de los defensores de Uribe.

Agregó que "el doctor Bocanegra ha prejuzgado por las declaraciones que sobre el tema ha dado a la prensa".

Gonzalo Pinzón, secretario general de la Comisión de Acusación, explicó en entrevista telefónica que el siguiente paso es que Bocanegra estudie la petición de los abogados de Uribe y diga si se aparta o no de la investigación. En caso de que acepte la recusación se designará a un sustituto.

La investigación contra Uribe tiene relación con un escándalo de espionaje, con seguimientos y escuchas telefónicas, realizado por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta, a magistrados, periodistas y activistas de derechos humanos al menos desde 2003.

El escándalo del espionaje estalló en la prensa en febrero de 2009 y desde entonces la Fiscalía General inició una compleja investigación. Hasta ahora unos 20 detectives y ex funcionarios del DAS, un organismo que depende directamente de la presidencia, se encuentran en prisión por estas irregularidades.

Uribe siempre ha negado haber ordenado cualquier acción ilegal al DAS y ha dicho que si sucedió fue perpetrada por un grupo de funcionarios corruptos de esa fuerza.