| 5/20/2011 2:40:00 PM

Piden a Santos salida de 5 embajadores investigados o sancionados

Iván Cepeda Castro pidió al presidente Juan Manuel Santos que ordene el retiro de cinco embajadores de su país que afrontan investigaciones penales o fueron sancionados con inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Bogotá - El servicio diplomático exige una "óptima calidad personal", advirtió el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, quien hizo la solicitud en ejercicio del derecho constitucional de petición.

En una carta abierta a Santos divulgada hoy, Cepeda recordó que estos embajadores son "objeto de delicadas investigaciones penales, algunas relacionadas con delitos internacionales, o presentan inquietantes antecedentes penales o disciplinarios".

La petición alcanza a los embajadores de Colombia en Perú, Jorge Visbal Martelo; República Dominicana, Mario Montoya Uribe; el Vaticano, César Mauricio Velásquez; Honduras, Francisco Canossa Guerrero, y ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos.

El legislador explicó que Visbal afronta un proceso judicial por nexos con antiguos jefes paramilitares y que Montoya, general en retiro del Ejército, tiene en contra seis investigaciones penales.

Velásquez es investigado por su presunta implicación en el escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), agregó Cepeda, que pertenece al izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).

Mientras, Canossa y Hoyos perdieron en el pasado su investidura como parlamentarios por decisiones del Consejo de Estado, que los procesó por "faltas gravísimas a sus deberes como congresistas", continuó el legislador, y subrayó que la sanción en ambos casos equivale a la "muerte política" o inhabilitación electoral.

A excepción de Visbal Martelo, los otros embajadores fueron designados por el ahora expresidente Álvaro Uribe, que gobernó en dos periodos, de 2002 a 2010.

Cepeda recordó el caso de Salvador Arana, a quien Uribe designó como embajador en Chile a pesar de haber sido denunciado como presunto implicado en el asesinato del alcalde de El Roble, Tito Eudaldo Díaz, localidad de Sucre, departamento del que él fue gobernador.

Tras renunciar como diplomático, Arana regresó al país y vivió en la clandestinidad hasta que fue detenido, dentro de un proceso seguido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lo condenó a cuarenta años de prisión por el asesinato de Díaz, quien denunció ante Uribe y Arana, en un reunión gubernamental, que iba a ser asesinado.

 

 

 

 

efe

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