Peligra contrato de City Oriente en Ecuador

Quito.- Ecuador considera "inviable" mantener el contrato con la petrolera estadounidense-panameña City Oriente, dijo el lunes el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga.

El ministro reconoció que en el caso de City Oriente "no será posible renovarlo (el contrato) porque la situación es inviable desde el punto de vista técnico y financiero", según declaraciones citadas por un comunicado de la presidencia.

"Estamos con ellos (con la empresa) marcando la posibilidad de que demos por terminado ese contrato de mutuo acuerdo estableciendo un procedimiento consensuado, con asistencia técnica suficiente para que ese proceso de terminación del contrato cause los menores impactos posibles", afirmó.

Ningún representante de City Oriente estuvo disponible para comentar de inmediato esa declaraciones.

City Oriente explota el Bloque 27, cerca de la frontera con Colombia, de donde extrae alrededor de 3.000 barriles de crudo al día.

La actual administración se encuentra renegociando los contratos que mantiene con cinco petroleras extranjeras con el fin de modificar las condiciones de trabajo y mejorar los ingresos para el Estado.

"Tenemos ya varias propuestas específicas de las empresas petroleras en cuanto a niveles de inversión, de producción y los informes de cada una de las comisiones en términos de qué va obtener el Estado en beneficio adicional a los contratos anteriores", aseguró Chiriboga.

El gobierno inició el 21 de enero conversaciones por separado con las compañías brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol-YPF, la francesa Perenco, la china Andes Petroleum y la empresa de capitales estadounidense y con sede en Panamá, City Oriente.

El Estado ecuatoriano y City Oriente mantienen una disputa legal por el reparto de ganancias petroleras, a raíz de que Ecuador estableciera una ley para dividir 50-50, los recursos adicionales provenientes de la venta del petróleo a altos costos en el mercado que no estaban contemplados en los contratos originales.

Esa disposición legal fue aprobada en el 2006, pero en el 2007 el gobierno del presidente Rafael Correa estableció un nuevo reparto de 99-1, a favor del Estado.

La empresa entabló en octubre del 2006 una demanda de arbitraje ante el tribunal del Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo adscrito al Banco Mundial y se ha negado a pagar más de 30 millones de dólares por cumplimiento de esa ley.

La empresa rechaza el pago porque considera que con la ley, el estado ecuatoriano cambió los parámetros y perjudicó el equilibrio económico de su contrato.

AP