La prórroga de la Ley de Justicia y Paz: una prioridad que sigue vigente

Pese al reiterativo llamado realizado por el Gobierno Nacional, para la discusión y aprobación del proyecto que busca la modificación del artículo 72 de la Ley 975 de 2005, éste aún no ha sido debatido en el actual período legislativo. Sin embargo, el Alto Comisionado para la Paz, hace un nuevo llamado a los miembros del Congreso entrante, para que esta iniciativa sea aprobada en beneficio de la reconciliación nacional, de los derechos a la verdad, justicia y reparación.

“Lamentamos que este proyecto no haya tenido la acogida suficiente en el Congreso de la República, creemos que debe ser una prioridad para el próximo Congreso, una prioridad para todos los colombianos, especialmente para aquellas 281.661 víctimas que se han registrado y esperan la verdad sobre lo ocurrido. Es por ese motivo, que hacemos un llamado para que en la próxima legislatura se le de la importancia que se merece”, afirmó Frank Pearl, Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración.

El Proyecto de Ley radicado ante el Congreso de la República, tiene como fin permitir que la verdad se conozca, que los victimarios respondan por sus delitos y sobre todo que a las víctimas se les continúe restableciendo sus derechos y puedan obtener una reparación por estos delitos. Con la aprobación de dicho proyecto de ley se podría ampliar la aplicación de la Ley de Justicia y Paz para los delitos cometidos después del 25 de julio de 2005 por las personas desmovilizadas postuladas por el Gobierno Nacional.

Colombia ha logrado dar pasos importantes en términos de justicia y paz y es importante que no retroceda en el camino ya recorrido. Hoy, las víctimas son reconocidas y visibles, el país trabaja para repararlas, y paralelamente sigue la reintegración de los desmovilizados que abandonaron las armas para volver a la vida civil. Este es un proceso, que para Colombia significa una verdadera reconciliación y no puede detenerse, por el contrario debe fortalecerse. Así, la discusión de la prórroga de la Ley 975 de 2005, es un debate que debe estar desprovisto de cualquier interés político, no debe y tampoco puede perder vigencia en la próxima legislatura, bajo el entendido que la paz del país es un interés supremo.

Cabe recordar que actualmente más de 53 mil personas de la guerrilla y de los grupos de autodefensas ilegales se han desmovilizado, en gran medida gracias al marco jurídico que les otorga la Ley de Justicia y Paz. Además, con el desarrollo de este proceso, se han logrado iniciar más de 1.900 versiones libres y más de 700 están en curso. Existen más de 40.000 hechos enunciados, y 22.419 delitos confesados, en pro de reconstruir la verdad y la memoria de violencia en el país y de devolverles a las víctimas sus derechos.

Paralelamente, y en el marco de la reparación administrativa, se han realizado 26 mil giros por 200 mil millones de pesos para repararlas.

El proceso de Justicia Transicional colombiano que se materializa con la Ley de Justicia y Paz, es un proceso sin precedentes, que ya casi en 5 años, y en comparación con otros países con procesos similares, ha logrado importantes resultados.

El hecho de no debatir esta problemática iría en contra de:

El Derecho a la Verdad de la sociedad en general y de las víctimas en particular. Los desmovilizados que no puedan acogerse a la Ley de Justicia y Paz muy difícilmente confesarán los delitos en los que han incurrido pues no podrán optar a una pena alternativa.

El Derecho a la Reparación pues las víctimas no tendrán derecho a la reparación económica, colectiva y simbólica de que trata la Ley 975/05. Gracias a la Ley de Justicia y Paz, las víctimas ya no son invisibles.

El Derecho a la No Repetición pues la Ley 975 de 2005 busca la reconciliación nacional