La economía argentina despierta dudas entre los inversores

Buenos Aires.- Los inversores están perdiendo confianza en Argentina por los efectos que la desaceleración del crecimiento, inflación y un elevado gasto público podrían tener sobre la capacidad del país para cumplir sus compromisos de deuda.

Con el recuerdo del cese de pagos por 95.000 millones de dólares de 2001 --el mayor de la historia-- aún presente, dos calificadoras de riesgo revisaron sus notas sobre la deuda soberana argentina esta semana: Moody's redujo su perspectiva de "positiva a estable" debido a la "tensión política" que vive el país y, por motivos similares, Standard & Poor's también bajó su calificación desde B+ a B.

La presidenta Cristina Fernández minimizó las nuevas calificaciones argumentando que en la comunidad financiera internacional "nos quieren convencer de que estamos en problemas".

"Un país no debe vivir de rodillas", dijo durante un discurso reciente.

Tras un prolongado conflicto con el sector rural por un aumento en el impuesto a la exportación de granos --que el Senado finalmente rechazó en julio-- Fernández se habría quedado sin el capital político necesario para ajustar su política fiscal y recuperar la confianza de los inversores.

La tensión interna provocada por el constante aumento de precios la dejaría sin capacidad de maniobra para recortar el gasto, balancear el presupuesto y servir su deuda estimada en 140.000 millones de dólares, dijo Moody's el jueves.

"Esperamos señales del gobierno de que entiende que está en problemas, que son importantes, aunque no de vida o muerte", dijo Gabriel Torres, analista de Moody's Investor Services en Nueva York.

A la cabeza de la lista de problemas se encuentra la inflación que según cifras oficiales fue de 9,1% en julio comparada con el mismo mes de 2007, pero que los analistas privados estiman es en realidad del 25%.

Las dudas sobre el verdadero índice de inflación han alejado a los inversores extranjeros de los bonos argentinos que ajustan sus intereses según la tasa de inflación --equivalentes al 40% del total de la deuda emitida--, mientras los jubilados, que representa la mayoría de tenedores de estos títulos, miran cómo se desvanecen sus ahorros.

"Es como si el gobierno de Estados Unidos viniera y se llevara una buena porción de su jubilación", dijo Torres.

Algunos miembros del peronismo oficialista reclaman una reestructuración en el instituto oficial de estadística y la destitución del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

Mientras tanto el gasto público sigue en alza bajo la forma de obras de infraestructura, un aumento del 27% en el salario mínimo y elevados subsidios a los servicios públicos --pese a que en julio autorizó una suba en las tarifas de electricidad para reducir los subsidios estatales--.

Pero pese a las notas de las calificadoras --Moody's califica los bonos argentinos como B3, seis niveles por debajo del grado de inversión-- hablar de un nuevo cese de pagos es prematuro.

El gobierno aún posee reservas internacionales por más de 47.000 millones de dólares y podría apelar a los fondos de inversores locales --incluido el sistema de pensiones--, compañías de seguros, bancos públicos y gobiernos provinciales, dijo Santiago Mosquera, economista para Latinoamérica de Global Insight en Quito, Ecuador.

Argentina podría también recurrir a Venezuela, que ya ha comprado más de 5.000 millones de dólares en bonos de licitación directa en los últimos años, aunque pagando una alta tasa de interés --como la del 15% de los bonos por 1.000 millones que vendió a Venezuela la semana pasada--, dijo Mosquera.

Pese a que los expertos concuerdan en que un cese de pagos como el de 2001 es poco probable, el temor a que la historia se repita podría alejar del debate la urgencia por una reforma fiscal.

"Estamos acostumbrados a esto, ese es el mayor problema", dijo Diego Giacomini, economista de la consultora Economía y Regiones de Buenos Aires.

AP