Gobierno toma instalaciones de Cemex en Venezuela

Caracas.- El gobierno tomó el lunes con apoyo militar las instalaciones de la filial venezolana de la cementera Cemex de México tras fracasar las negociaciones para la nacionalización de la empresa.

El ministro de Energía, Rafael Ramírez, anunció la noche del lunes, desde una planta de Cemex en el estado oriental de Anzoátegui, que el gobierno activó "a partir de este momento un decreto de expropiación" de los activos de la cementera mexicana, que será suscrito el martes por el presidente Hugo Chávez.

"En este momento que estamos hablando acá en el estado Anzoátegui ya están bajo control las plantas en Puerto Ordaz, están bajo control las plantas en el estado Lara, ... están bajo control la planta en el estado Zulia", dijo Ramírez a la prensa al ingresar a las instalaciones de Cemex acompañado de cientos de simpatizantes del gobierno, según imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Estamos en presencia de una empresa que estaba de espaldas a los intereses de la comunidad. Una empresa que era un enclave depredador de los recursos minerales del país sin ningún tipo de aporte a nuestra comunidad", afirmó.

El ministro se abstuvo de explicar las razones que impidieron un acuerdo amistoso de nacionalización con Cemex, tal como ocurrió con la francesa Lafarge y la suiza Holcim Ltd, y sólo comentó que el gobierno iniciará una auditoría para establecer el "valor exacto" de los activos de la cementera mexicana.

Ramírez acusó a Cemex de haber dejado de hacer "inversiones importantes". Cemex tiene, añadió el ministro, una "tecnología muy atrasada, una tecnología que tiene grandes emisiones de polvo; el ambiente queda afectado grandemente. Tiene un pasivo ambiental muy importante, tienen pasivos fiscales".

Asimismo señaló que el gobierno comenzará una revisión de los costos de producción de Cemex, que consideró como "muy altos", para reducirlos.

El gobierno procedió a la expropiación de la empresa luego de que este lunes expiró el plazo que había fijado para negociar un plan de transferencia de la mayoría accionaria.

Lafarge y Holcim Ltd suscribieron horas antes un memorando de entendimiento para vender al gobierno en un lapso de 60 días la mayoría de las acciones de sus filiales venezolanas.

El vicepresidente Ramón Carrizalez admitió que el acuerdo con Cemex se estancó debido a que el gobierno no logró llegar a un arreglo sobre el valor de los activos de la cementera en Venezuela. El gobierno informó que Cemex estaba pidiendo más de 1.200 millones de dólares por sus activos.

Carrizalez indicó que el Estado comprará 89% de las acciones de la filial venezolana de Lafarge por 267 millones de dólares, y en Holcim asumirá una participación de 85%, paquete por el que pagará unos 552 millones de dólares.

La cementera mexicana sólo mencionó en un comunicado la decisión del gobierno de Venezuela de tomar sus instalaciones. El vocero de Cemex, Jorge Pérez, dijo previamente en la ciudad mexicana de Monterrey que la empresa no tenía comentarios sobre la medida gubernamental.

La corporación mexicana Cemex llegó a Venezuela en 1994 luego de adquirir la mayoría accionaria de Venezolana de Cementos (Vencemos) a un grupo local.

Cemex posee en Venezuela tres plantas cementeras que están ubicadas en los estados occidentales de Zulia y Lara, y en el estado Anzoátegui; y una molienda de clinker _ una de las materias primas que se emplea para producir cemento_ ubicada en Puerto Ordaz en el estado suroriental de Bolívar.

Entre los activos de la cementera figuran también 30 plantas de concreto, una terminal marítima en el estado costero de Vargas, y dos centros de transporte. Cemex dispone de un plantel de 3.000 trabajadores.

Chávez emitió en junio un decreto en el que se establecía que Cemex Venezuela, Holcim Venezuela C.A y la Fábrica Nacional de Cementos del grupo Lafarge y sus empresas filiales se transformarían en compañías del Estado. La toma de estas tres empresas le permitirá al gobierno asumir 90% del mercado del cemento en el país. La nacionalización de las cementeras forma parte de un proceso que el gobierno puso en marcha el año pasado e implicó la toma de control de las mayores telefónica y siderúrgica, de los cuatro proyectos petroleros en la Faja oriental del Orinoco y del sector eléctrico.

AP