Gobierno español aprueba reforma financiera y crea un "banco malo"

Madrid -  La reforma, que es la tercera aprobada por el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy en ocho meses de mandato, eleva, además, los requisitos de solvencia de las entidades bancarias, del 8 al 9 %, un porcentaje que hasta ahora sólo se exige a los cinco grandes bancos (Banco Santander, BBVA, Banco Popular, La Caixa y BFA-Bankia).

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo, al presentar en conferencia de prensa esta reforma, que es "una necesidad nacional, imprescindible para que se recupere el crédito y la financiación" tan necesario para las pymes.

La reforma es una exigencia de Bruselas para otorgar hasta 100.000 millones de euros de ayuda a la banca y da amplios poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que pasará a estar controlado por el Gobierno.

Sáenz de Santamaría sostuvo que la reforma culmina el saneamiento del sector financiero con el fin de "impulsar el crecimiento económico y el empleo" así como "dinamizar el sector inmobiliario" para que las entidades bancarias puedan sacar a la venta el gran "stock" de viviendas que tienen en sus manos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró, en la misma conferencia de prensa, que el objetivo de esta reforma financiera es que sea uno de los "elementos fundamentales para salir de la crisis" y que "no cueste un euro al contribuyente".

"Si hubiéramos tenido una norma como ésta, la crisis bancaria española se podría haber abordado de una manera totalmente distinta", afirmó el ministro.

La reforma tiene como fin que el coste de la reestructuración y liquidación de entidades sea soportada por sus accionistas y bonistas para "minimizar el impacto en los recursos públicos, es decir, en el dinero de los contribuyentes".

Respecto a las novedades de la reforma, De Guindos destacó la creación de un "mal llamado banco malo", que adquirirá activos "no tan malos" de las entidades financieras, según dijo.

También se aumentará la protección de los inversores minoristas para evitar que se vuelva a producir la comercialización inadecuada de determinados productos, como las participaciones preferentes, que fueron vendidas a miles de pequeños ahorradores que ahora no pueden recuperar su inversión.

Asimismo, pone coto a las remuneraciones fijas de los responsables de las entidades financieras que necesiten ayuda pública, que alcanzará como máximo 500.000 euros, frente a los 600.000 euros establecidos en febrero.

EFE