Fortalecimiento de las instituciones, principal herramienta de lucha contra la impunidad

Bogotá, -  Entre los principales logros descritos en el informe se destaca la atención sicojurídica a cerca de 60 mil víctimas de violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH, gracias a los recursos destinados por la Política para este fin.

También se destaca la transmisión satelital de las diligencias de versión programadas por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General a salas móviles en donde pueden ser presenciadas por las víctimas, lo cual garantiza un acceso real a la administración de Justicia.

Por otro lado, el informe enfatiza sobre el impulso a los casos de homicidio en persona protegida. Este se logró a través de la conformación de una subunidad de apoyo, a nivel nacional, para el impulso de las investigaciones de homicidios presuntamente cometidos por agentes del Estado.

También resalta la suscripción e implementación de un convenio entre la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación, el cual reconoce la competencia exclusiva del Cuerpo Técnico de Investigación para realizar las inspecciones en los lugares en donde ocurran bajas causadas por operaciones militares.

El documento, que se centra en el período marzo de 2006 - diciembre de 2008, estuvo a cargo de la Corporación Excelencia en la Justicia y el Proyecto de Lucha Contra la Impunidad de la Vicepresidencia de la República, y contó con la colaboración de las entidades vinculadas en la ejecución de la Política.

Por otro lado, se elaboró un protocolo para el reconocimiento de hechos de violaciones a los DD.HH. o infracciones al DIH, con el propósito de evitar los conflictos de competencia entre la Justicia Penal Militar y la Justicia Penal Ordinaria. Más de 360 operadores judiciales en siete ciudades del país recibieron capacitación en esta herramienta.

Igualmente, el apoyo de las escuelas de la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto de Estudios del Ministerio Público y de la Justicia Penal generó un programa de capacitación que ofrece mejores condiciones de preparación a quienes tienen el deber de administrar Justicia en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En lo que va corrido del año, se ha capacitado a 258 operadores.

(SP).