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Exigen control de fondo petrolero venezolano

La diputada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Mónica Baltodano, dijo a la AP que la propuesta la introdujeron el lunes al Legislativo bajo el título de "Ley que regula el uso del fondo originado de la adquisición de petróleo con la República Bolivariana de Venezuela".

15 de mayo de 2007

Managua.- Diputados de la disidencia sandinista presentaron una iniciativa de ley para controlar los recursos financieros derivados del convenio petrolero firmado por el presidente Daniel Ortega y su homólogo vanezolano Hugo Chávez.

Se estima que el acuerdo generará unos 330 millones de dólares anuales, equivalentes al 50% de la factura petrolera del país calculada en 670 millones de dólares, un 50% de la cual sería pagada en tres meses y el resto a 25 años plazo y 2% de interés anual. "La iniciativa está orientada a asegurar mecanismos que permitan el uso adecuado y transparente de los fondos resultantes de los acuerdos con Venezuela", precisó Baltodano.

Agregó que mediante la legislación se pretende crear un denominado "Fondo de Desarrollo Venezuela-Nicaragua" que administraría esos 330 millones de dólares.

Informó que la intención es que sea distribuido porcentualmente en educación y salud, desarrollo energético, reforestación y conservación de bosques y fuentes de agua, fomento para las pequeñas y medianas empresas rurales y urbanas, y para la seguridad social.

La propuesta del MRS es respaldada ampliamente por los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), la segunda fuerza política en el Legislativo, cuyo dirigente Eduardo Montealegre dijo a los periodistas que "no podemos permitir que más de 300 millones de dólares pasen sin ser canalizados a través del presupuesto general de la república".

El proyecto de ley obliga al gobierno a enviar a la Asamblea Nacional (legislativo unicameral) el convenio petrolero entre Petronic y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para su ratificación.

El embajador de Venezuela, Miguel Gómez, dijo a la prensa local que los convenios entre países que generan deuda pública a una de las partes deben ser avalados por un órgano legislativo, pero serán los poderes Legislativo y Ejecutivo de los respectivos países lo que tendrán la última palabra.

"La gente estudia los temas, normalmente todos los convenios internacionales que puedan comprometer la soberanía o que puedan crear situaciones de deuda pública están sometidos a los órganos legislativos", expresó.

 

 

AP