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Elecciones en Madeira, un paraíso endeudado hasta las cejas

Con una deuda superior a los 6.300 millones de euros, el pequeño archipiélago de Madeira, que celebra elecciones el domingo, se ha convertido en una dificultad añadida para las maltrechas finanzas de Portugal, que se propone ahora estrechar el control a sus regiones autónomas.

7 de octubre de 2011

Pese a su reducido tamaño, con 801 kilómetros cuadrados y 268.000 habitantes, su exuberancia natural (base de su atractivo turístico) y su modesto peso en la economía nacional (en torno al 2,5 % del PIB), toda la atención del país luso parece puesta ahora en sus comicios regionales de este fin de semana.

La aparición, el mes pasado, de un desvío en las cuentas de Madeira de más de 1.000 millones de euros ha agravado el déficit fiscal de Portugal, situado en julio en el 8,1 %, muy superior al 5,9 % que le exigen para todo este año las condiciones de su rescate financiero.

La deuda per cápita alcanza en las islas los 23.000 euros, lejos de los 16.000 de la media portuguesa, y aunque el Ejecutivo madeirense se resiste a aceptar estos cálculos, ya está a la espera de un plan de asistencia financiera del Estado luso.

Al frente del archipiélago se encuentra Alberto Joao Jardim, de 68 años, 33 de ellos máximo responsable del Gobierno regional, representante del Partido Social Demócrata -el mismo que gobierna en Portugal desde las elecciones de junio- y conocido por su carácter polémico e indómito.

Los principales rivales del PSD madeirense son, como en el resto del país, los socialistas, principal partido de la oposición nacional y de las islas, donde lleva una desventaja superior a 30 puntos en los sondeos pese al escándalo financiero.

El desvío encontrado en las cuentas de Madeira ha sido justificado por Jardim en la falta de inversiones del Estado central, que le llevó a renegociar contratos de obras públicas no reflejados en las auditorías oficiales.

En opinión de Sandro Mendonça, economista y profesor en la Escuela de Negocios del Instituto Universitario de Lisboa, la situación de Madeira se debe en gran parte a la estrecha relación entre los poderes públicos y los intereses privados.

"Jardim es una persona muy hábil en el contacto populista con las masas y el trato con las redes de poder. Y esta combinación acaba por ser tóxica", subraya.

Además, el economista recuerda que la deuda de los territorios "ultraperiféricos" -categoría europea en la que también se encuentra las islas españolas de las Canarias- suele ser mayor que en el continente por su propia idiosincrasia.

"El archipiélago está en medio del Atlántico, tiene una accidentada topografía y su negocio es sobre todo el turismo, que exige una gran inversión", razones que en su opinión explican sólo una mínima parte de la diferencia respecto a la deuda pública de Portugal, equivalente a cerca del 100 % de su PIB.

En Madeira, por contra, la deuda pública supone un 120 % del PIB, según las cifras divulgadas por el ministro de Finanzas luso, Vítor Gaspar.

En esta idea abunda el también economista y antiguo director del Gabinete de Estudios del Ministerio de Economía (1998-2003) Joao Abel de Freitas, quien destaca el excesivo "clientelismo" existente en el archipiélago.

De Freitas, madeirense de nacimiento, subraya que la región cuenta con más de 28.000 funcionarios públicos, en torno a un 23 % de su población activa, lo cual explica para él, al menos en parte, la permanencia de Jardim en el poder.

La región, recuerda, constituye lo que hoy se llama un "centro offshore" -calificación un peldaño por debajo de paraíso fiscal-, es decir, un territorio que presenta significativas ventajas fiscales para las empresas.

"Hay gestores madeirenses que llevan ellos solos a 500 ó 600 compañías", asegura.

De Freitas hace mención también a un informe del Instituto Nacional de Estadística luso publicado en 2002 en el que se aseguraba que el negocio con las sociedades "off shore" tenía un efecto "inflacionista" en el PIB de Madeira.

"Estas sociedades, en definitiva, suponen el 20 % del PIB del archipiélago y sin embargo sólo aportan el 1 % del empleo", insiste.


EFE